Tribuna

Francisco J. Ferraro

Miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly

Pensiones: la imposible cuadratura del círculo

La reforma del sistema de pensiones aprobada por el Consejo de Ministros no resuelve su problema central: su insostenibilidad

Pensiones: la imposible cuadratura del círculo Pensiones: la imposible cuadratura del círculo

Pensiones: la imposible cuadratura del círculo

Los políticos españoles llevan décadas eludiendo solucionar uno de los grandes problemas económicos del país: la insostenibilidad del sistema de pensiones. Un sistema de reparto en el que el número de pensionistas aumenta con mucha mayor intensidad que el de cotizantes, y que se ha convertido en uno de los sistemas de pensiones más generosos del mundo: los pensionistas reciben por término medio 1,74 euros por cada euro contribuido y la pensión media es el 83,4% del último salario percibido.

Dado que el problema de las pensiones es de alta sensibilidad política por su trascendencia electoral, los diferentes gobiernos han evitado abordar reformas profundas de forma unilateral, por lo que en 1995 se aprobó en el Congreso el Pacto de Toledo, que trataba de abordar las reformas del sistema de forma sosegada y alejada de las controversias partidistas. Sin embargo, si bien fue una razonable iniciativa, sus logros han sido limitados y no han resuelto el estructural desajuste entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones.

El creciente déficit y la presión de las instituciones internacionales han obligado al gobierno de Pedro Sánchez a abordar una reforma, para lo que nombró a José Luis Escrivá, ex presidente de Airef, como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que tratase de aplicar un plan que había avanzado en su anterior etapa: 1) Desincentivar las jubilaciones anticipadas y favorecer el retraso voluntario de la jubilación, alternativas razonables, pero manifiestamente insuficientes para compensar el aumento de las pensiones los próximos años, 2) Revalorizar las pensiones con la inflación anual, eliminando el "factor de sostenibilidad" que introdujo la reforma de 2013, y 3) Trasladar el déficit previsible del sistema de pensiones al presupuesto y financiarlo con impuestos. Con estos mimbres el gobierno alcanzó un primer acuerdo con los sindicatos y la patronal, pero el mismo día del acuerdo el ministro declaró que "los baby boomers podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o podrán trabajar algo más", lo que ponía de manifiesto la imposibilidad de cuadrar la sostenibilidad del sistema con esas medidas. Escrivá rectificó al día siguiente y el pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma, que se completará más adelante con un mecanismo de equidad intergeneracional aún por definir.

Por tanto, con el acuerdo alcanzado no se resuelve la insostenibilidad del sistema, con un déficit en 2020 superior a 30.000 millones de euros (2,7% del PIB) y que tiende a aumentar considerablemente como consecuencia de la incorporación en los próximos treinta años de 5 millones de pensionistas nacidos en el baby boom, y que tiene que ser sostenido por generaciones posteriores, como las que se quieren incorporar al mercado de trabajo con la más baja tasa de natalidad de la historia, por lo que si en el presente cada pensión está soportada por 3,4 cotizantes, dentro de treinta años solo la soportarán 1,8. Además, los nuevos pensionistas percibirán pensiones superiores a la media actual y serán más longevos. Por todo ello, habría que aumentar las cotizaciones un 35% para mantener el nivel actual de las pensiones y con un nivel de ocupación (cotizantes) del 80% sobre la población potencialmente activa frente al 60% actual. Ante el inevitable y creciente déficit, la alternativa es financiar las pensiones con el presupuesto; es decir, con impuestos, lo que desvirtuaría el carácter contributivo del sistema y llevaría a aumentar el déficit estructural y la deuda pública a límites insostenibles. Por ello, la reforma que ahora se propone solo será en el mejor de los casos un parche más, que puede ser rechazada por la Comisión Europea.

Una reforma estructural del sistema que lo dote de estabilidad y sostenibilidad exige repartir sus costes de forma ponderada entre generaciones y colectivos: incentivando la responsabilidad individual con planes privados de pensiones a la vez que aseguran pensiones básicas para el conjunto de la sociedad, no cargando sobre los jóvenes una factura desmesurada, estableciendo factores de sostenibilidad en las pensiones medias y altas, retrasando la edad de jubilación en la medida en que aumenta la esperanza y la calidad de vida y compatibilizando el retraso voluntario de la jubilación con la percepción parcial de las pensiones. Estas y otras orientaciones están presentes en otros sistemas de pensiones de los países desarrollados y han sido recomendadas por el FMI, la OCDE y la Comisión Europea. Urge definir las bases de un nuevo marco equilibrado en el reparto social de las cargas y beneficios, aunque su aplicación sea gradual. Un nuevo pacto social que requiere decisión y consenso político.

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