Propósitos reformistas para la nueva legislatura

El presidente de la Junta de Andalucía adelantó en la presentación del Anuario Joly de Andalucía algunas iniciativas para esta legislatura, afirmando que la agenda de reformas "es un camino que no tiene vuelta atrás". Nos alegramos de la reafirmación reformista pues, como defendí en estas mismas páginas (23.11.20), gobernar no es solamente dar respuesta a los problemas cotidianos e ir ajustando las políticas, sino adoptar reformas casi continuamente, puesto que los cambios tecnológicos, sociales y económicos requieren adecuar el marco legal, los organismos y las políticas, y es un hecho constatado que las sociedades que reforman sus instituciones con más agilidad y acierto se enfrentan al futuro con mayor solvencia.

El problema es que las reformas son costosas políticamente porque afectan a intereses, privilegios o rutinas de colectivos provocando su rechazo, lo que habitualmente es aprovechado por la oposición para desgastar a los gobiernos. También es cierto que la percepción de los efectos incómodos de un cambio y la identificación del colectivo afectado es más clara e inmediata que la percepción de los efectos beneficiosos, por lo que la persuasión y un amplio apoyo político son imprescindibles para gestionar los cambios. Por ello, el resultado de las recientes elecciones, con una mayoría suficiente del Partido Popular, es una oportunidad extraordinaria para poner en marcha las reformas necesarias.

Entre las iniciativas que el presidente concretó en dicha presentación me referiré a las políticas más decisivas para el futuro económico de Andalucía, que pasa por desarrollar una base económica que permita ir convergiendo con España y la UE en producción, renta y empleo. Esto exige aumentar la base empresarial, a lo que el presidente se refirió con una doble política: la atracción de inversiones y la simplificación administrativa.

En la legislatura anterior se han formalizado algunas inversiones relevantes y en proyecto existen algunas más. El papel del Gobierno puede ser muy útil para atraer inversiones exteriores, especialmente aquellas que, por su complejidad tecnológica, exigencias de capital o su carácter multinacional difícilmente pueden ser abordadas por el capital regional; y también para aquellas que generan externalidades positivas en el territorio (efecto tractor, innovación). Y es acertado proponer la atracción de inversiones en un momento en el que las inseguridades de las cadenas de suministro mundiales y las tensiones geopolíticas están obligando a muchas empresas a replantearse los límites de la globalización y la conveniencia de asegurar aprovisionamientos desde países aliados y seguros. Andalucía por su posición, infraestructuras y costes puede acoger inversiones de muy diversa naturaleza.

Si bien es importante la atracción de inversión exterior, no debe olvidarse que el tejido empresarial andaluz está (y debe estar) básicamente compuesto por empresas regionales o con profundo arraigo, que son las que se anclan en la economía regional. Por ello, es muy importante que los beneficios empresariales regionales se reinviertan en la región, facilitando mayor dimensión de las empresas, extendiendo las redes comerciales, diversificando la producción; en definitiva, desarrollando un tejido empresarial más sólido y competitivo. En esta tarea, específica del empresariado, la Administración regional debe estimular a los empresarios regionales a la ejecución de inversiones, ofreciendo facilidades administrativas, legales y de procedimiento.

En la pasada legislatura se han aprobado normas de simplificación administrativa. No obstante, se debe seguir avanzando en esta tarea, pues las restricciones siguen siendo notables por una diversidad de circunstancias. Entre ellas una regulación ambiental que limita las iniciativas económicas, pues la compleja Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de 2007 provoca costes, plazos e incertidumbres inasumibles para muchas inversiones. No se propone relajar la protección del medio ambiente ni orillar la legislación europea y española, sino racionalizar la legislación propia, simplificar los procedimientos y evitar que las decisiones dependan en exclusiva de alguna valoración personal. Por otra parte, la simplificación de las restricciones administrativas se ha aplicado al ámbito regional, pero las más paralizantes suelen ser las municipales, y la Junta de Andalucía carece en la mayoría de los casos de capacidad para imponer procedimientos de uso obligatorio. No obstante, sí puede adoptar algunas iniciativas incentivadoras para los ayuntamientos, tales como construir un ranking público de las facilidades de negocio por municipio o condicionar subvenciones regionales a los cumplimientos de agilidades administrativas. Finalmente, la simplificación no solo se alcanza con decretos ley, sino que requiere nuevas formas de gestionar la aplicación de la regulación. Ello requiere empleados públicos con capacidades en gestión digital y la dotación tecnológica que soporte procedimientos digitalizados, lo que nos llevaría a otra necesidad de reforma largamente demandada: la de una administración pública ágil, eficiente y al servicio de empresas y ciudadanos.