Los argumentos de la amnistía

Hay quien dice que, para oponerse a la amnistía, hay que basarse en argumentos éticos y no en su posible inconstitucionalidad. Difundir que, aunque pudiera hacerse, no sería justo hacerla. Esa tesis sería útil si ambas partes del debate compartiesen unos mismos principios éticos, pero no es el caso. Para un destacado defensor de la amnistía, el dilema es amnistía o fascismo. ¿Por qué? Porque la única alternativa a lo que Sánchez representa, en opinión de ese analista, es el fascismo. Se me hace muy difícil llegar a acuerdos éticos con alguien que tacha de fascista a todo el que no apoye la amnistía, condición ahora necesaria para investir a Sánchez. Más moderado, el presidente de Asturias ha declarado que Sánchez debe gobernar a cualquier precio. La ética de Barbón incluye como valor político máximo que gobiernen sus copartidarios. Todo lo demás sería secundario. Repreguntado, matizó que a cualquier precio dentro de la Constitución. Y eso nos lleva al meollo del asunto: como estamos ante gente cuyo único límite a las concesiones para gobernar es la Constitución, se impone examinar, una vez más, si la amnistía cabe en esa norma.

Los partidarios de la amnistía dan cuatro argumentos a favor de su constitucionalidad. Primero afirman que, como no hay precedentes, la decisión es libre. Pero hay precedentes. En tres ocasiones se han rechazado las amnistías. En el debate constitucional, se rechazó la propuesta de introducirla en el texto. Tras el golpe de Estado de Tejero, se rechazó amnistiar a los golpistas. En 2021, se rechazó amnistiar a los delincuentes separatistas. Si el Tribunal Constitucional carece de precedentes es porque las amnistías han sido denegadas siempre que se han propuesto. Y en todas las ocasiones, hasta ahora, los socialistas apoyaron la denegación.

También arguyen que, como se busca un bien general inalcanzable de otro modo, se trata de un asunto político. Tal sería la pacificación de los separatistas. Sin embargo, nunca han tenido tanto poder como ahora. Aunque no ostentan la alcaldía de Barcelona (y eso porque los despistados del PP se la dieron al socialista Collboni sin contrapartidas), siguen sin cumplir las sentencias sobre estudiar en español. Además, piden que las demás regiones asuman los préstamos autonómicos, unos 70.000 millones de euros, que debe Cataluña. Para colmo, no solo gobiernan en Cataluña, sino que controlan la formación del gobierno español. En vez de pacificarlos, han logrado revitalizar políticamente a Puigdemont, cuyo horizonte máximo era seguir eludiendo a la justicia española. Ahora, crecido, ha declarado que no renuncia a la vía unilateral y que nunca renunciará. Y los separatistas vascos piden declarar nación soberana a Vasconia. En efecto, se trata de un asunto político, pero no se busca el bien de España, sino asegurarse la presidencia del gobierno, Barbón dixit.

En tercer lugar, alguno dice que la amnistía es necesaria porque ninguna de las conductas de los separatistas represaliados fue delictiva. Insistiendo en que se trató de un asunto estrictamente político, afirma que no fue delito proclamar la independencia de Cataluña, desviar cuantiosos fondos públicos a los preparativos, agredir con adoquines a los policías, ni obstaculizar el tráfico aéreo y terrestre. Bueno, pues los jueces y fiscales, empezando por los del Tribunal Supremo, estimaron que todo eso era delictivo. Y, en democracia, importan los jueces.

Finalmente, aducen que, como no la prohíbe la Constitución, puede hacerse. Ya hemos dicho que no la menciona porque los constituyentes rechazaron incluirla, no porque la dejasen al albur de los políticos. Pero leamos el artículo 62 de la Constitución, que versa sobre lo que le compete al rey. Su punto “i” dice: “Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Una vez elaborada, esa ley sobre el derecho de gracia posibilitó indultar a Junqueras y demás sediciosos condenados. Pero caso a caso, y no de forma colectiva, como haría una amnistía. Luego, no vale.

Me acusan los favorables a la amnistía de ignorar que, mientras los indultos los propone el gobierno, ellos proponen una ley. Al parecer soy tan torpe que no me entero de que su iniciativa la tramitará el Congreso, que, según ellos, es omnímodo. Bien, pues yo acuso a mis acusadores de un severo déficit de compresión lectora. Ese “no podrá autorizar indultos generales” no se refiere al rey, sino a las leyes de gracia. Los constituyentes, que habían rechazado constitucionalizar las amnistías, adoptaron la precaución de prohibir al Congreso que regulase los indultos generales por ley. Y, como dijeron en 2021 los letrados del Congreso, la ley de amnistía entonces propuesta no era más que un indulto general disfrazado. Es, pues, irrelevante que la ley de amnistía no incumba al gobierno: la Constitución prohíbe al Congreso hacer leyes que incluyan indultos generales y, por tanto, a fortiori amnistías.