La democracia también va de salarios

Los datos son contundentes. Según cifras facilitadas por el INE, los precios aumentaron 10,2% en el mes de junio alcanzando el nivel más alto desde 1985 y con una tasa de crecimiento mensual desconocida desde 1977. Los salarios, por el contrario, apenas subieron un 1,33%. Estamos pues ante una situación excepcional que requiere de altura de miras. Venimos de una fructífera etapa de diálogo social que, en plena pandemia, dio lugar a 11 acuerdos trascendentales que salvaron millones de empleos y empresas y facilitaron consenso en materias complejas como el SMI, la reforma laboral o la salvaguarda del sistema público de pensiones. Esa madurez institucional debiera de servir de referencia a la hora de gestionar una crisis de esta envergadura, pero no parece ser este el camino elegido por buena parte de las organizaciones empresariales.

Si analizamos la estructura del crecimiento de precios, hay que señalar que no se justifica ya en la crisis energética derivada del conflicto bélico en Ucrania. El 83,4% de la inflación en el primer trimestre de 2022 se sostuvo en el crecimiento -incluso en esta etapa excepcional- de los márgenes de beneficios empresariales. Hay obstinación por mantener rendimientos económicos poco acordes con el contexto de emergencia, generando una fractura social que se traduce ya, por ejemplo, en un 38,7% de población andaluza en riesgo de pobreza o exclusión. Hay que recordar, además, que las empresas españolas acumulan desde 2016 más de 211.000 millones de euros en reservas que, lejos de contribuir al crecimiento de la economía real, se aparcan en la economía financiera. Estos márgenes de beneficios crecieron de forma muy superior a los de otros países de la Eurozona en sectores como el energético (60,4%), financiero (25,7%) o manufacturero (7,4%). Estos sectores, y otros que han recuperado sus márgenes de beneficio prepandemia, (comercio, transportes, hostelería) recibieron importantes volúmenes de presupuesto público (cerca de 30.000 millones) y de los hogares (9.000 millones de salarios no percibidos) para superar los efectos de la pandemia. Se está acumulando, en suma, una extracción de rentas millonarias a costa del empobrecimiento severo de buena parte de la población. No es solo economía, también es una posición de moral democrática en tiempos muy duros.

La cesta de la compra de alimentos básicos asfixia a cada vez más familias trabajadoras. Crecen los precios de frutas frescas (13,5%), aceites y grasas (37,8%) y los de suministros como combustibles, electricidad, gas, distribución de agua por encima del 30%, absorbiendo las ayudas aprobadas por el Gobierno central. Por el contrario, los salarios que se han actualizado por la vía de renovación de convenios han crecido un 2,42%, persistiendo aún 4,8 millones de personas trabajadoras con salarios congelados. Esto se suma al 14% de pérdida de poder adquisitivo que arrastramos desde 2008. Hay riesgo de fractura social.

Por ello, resulta indispensable que se produzca una subida de salarios que permita salvar a centenares de miles de hogares de la pobreza estructural y que, a su vez, pueda mantener la demanda económica de la que viven no pocos sectores estratégicos de este país. Se trata de un asunto de primer orden que debiera hacer virar la postura actual de las organizaciones patronales, obcecadas en la avaricia y el cortoplacismo.

Hablamos de los salarios de aquellas personas cuyos trabajos señalamos como esenciales para la comunidad durante las etapas más duras de la pandemia. Son esos hombres y mujeres que, responsables cada día de sostener este país, necesitan llegar a fin de mes con cierta tranquilidad. Se atisba una etapa de gran conflictividad social y laboral. Cada negociación de convenio colectivo, cada movilización contra la carestía de la vida, será un ejercicio democrático de alto valor económico y redistributivo pero también moral. Nos la jugamos, más que nunca, en el salario.