España se define como un Estado democrático de derecho (basado en leyes acordes a la Constitución) que busca la Igualdad de todos los ciudadanos (social). La Constitución contempla que el Estado tiene la potestad originaria para establecer nuestros tributos.
En los países federales avanzados es el Estado el que elabora, tramita, controla y recauda la mayoría de los impuestos, que luego gestionará según los principios democráticos que marcan un Estado de Derecho y Social.
Dos destacadas filósofas preocupadas por los principios que organizan las sociedades, como son Victoria Camps y Adela Cortina, exponen algunas ideas básicas relacionadas con la comunicación entre los representantes políticos y los ciudadanos representados. “Es difícil construir una sociedad en la que los individuos no se crean con igualdad de derechos”, resalta Victoria Camps.
Por otro lado, Adela Cortina comenta que la palabra es la base de la comunidad política, y para su clarificación entre hablante y oyente, debe cumplir cuatro pretensiones de validez: la inteligibilidad de lo que se dice, la veracidad del hablante, la verdad de lo afirmado y la justicia de las normas.
El principio de acuerdo entre ERC y PSC denominado Singular y luego matizado con la idea de que se puede generalizar a todas las comunidades autónomas se aparta claramente de esta validez, ya que Singular es algo único, extraordinario, pero si se quiere generalizar pierde esa acepción con lo que se convierte en una aporía o irracionalidad, lo que nos lleva también a dudar de los puntos 3 y 4 (ya que esconde un nuevo cupo fiscal de privilegio regional). Además se quiere tramitar de forma contraria a las normas establecidas (no participa ningún otro representante de las Comunidades Autónomas) contraviene al último punto; y para ello, se ha iniciado rápidamente, de forma opaca y sin apoyo normativo estatal.
España es uno de los países más descentralizados del mundo. Como diría Josep Borrell y Joan Llorach el argumento de que la financiación singular es un paso para federalizar España es un cuento. De lo que se trata es de crear una “confederación asimétrica”.
No sabemos si esta singularidad puede referirse, no solo a copiar el cupo vasco y navarro en el fondo, sino también en las formas, ya que estas regiones, a pesar de ser la segunda y tercera más ricas de España, no solo no contribuyen a la solidaridad interterritorial, sino que reciben recursos fiscales del resto de los contribuyentes de las demás comunidades.
Nuestro texto constitucional recoge y respeta los derechos históricos de los territorios forales, pero no especifica nada sobre el tipo de derechos anteriores, actuales o futuros, ni como se materializan.
Según han expuesto con datos económicos y fiscales Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre en su libro La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a Ciudadanía, el régimen foral es arbitrario en su origen, inaccesible, opaco (no existe ninguna interconexión entre las bases de los datos de las distintas Haciendas) y antidemocrático en su desarrollo (la cuantía del cupo y la aportación no se determina en base a datos técnicos y estadísticos sino en base a intereses políticos, se vota en el Congreso y en el Senado, en lectura única y no se pueden presentar enmiendas al articulado, solo a la totalidad). Por lo tanto, existe un sometimiento absoluto e incontrolado a la voluntad del legislador, que históricamente no ha defendido los intereses de la mayoría de los ciudadanos de este país; y que de forma “singular” no ha sido debatido nunca por ninguno de nuestros representantes en ningún foro público.
Con la nula solidaridad del cupo vasco y navarro y con el inexistente sentido de España de los nacionalistas catalanes, el Estado de Derecho y Social precisa de una solidaridad marcada por leyes estatales sin esperar a la voluntad de quienes no creen en España, ni como Estado, ni siquiera de tipo federal.
