La política de vivienda en campaña

La política de vivienda en España es heredera del paternalismo franquista que, con la excusa de atender a los más necesitados de vivienda en las grandes ciudades ante la intensa emigración rural, construyó un amplio parque de viviendas de protección oficial, entre las que se incluyeron barrios enteros de viviendas para familias acomodadas de muy aceptable calidad. Con la democracia la política de vivienda no cambió esencialmente sus fundamentos, aunque su intensidad y gestores institucionales han conocido diversas etapas según los gobernantes y el ciclo económico. En los últimos años ha sido poco activa, pero ahora, con la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, ha irrumpido con la aprobación de la ley de vivienda y con las iniciativas presentadas por Pedro Sánchez los fines de semana de precampaña (movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler, construcción y rehabilitación de 43.000 viviendas, y 20.000 viviendas adicionales en suelos del Ministerio de Defensa), aunque su intencionalidad apunta a rentabilizar políticamente estas iniciativas para las elecciones generales de fin de año.

La última medida, presentada el pasado fin de semana en un mitin en Tenerife y aprobada en el Consejo de Ministros del pasado martes, consiste en una línea de crédito del ICO para cubrir hasta el 20% de los avales de créditos hipotecarios para jóvenes hasta 35 años y familias con menores a su cargo, y con un límite de renta de 37.800 euros al año. Esta iniciativa ha recibido la crítica y el reconocimiento del Partido Popular, porque la incluía en su programa electoral y porque comunidades autónomas gobernadas por este partido, como es el caso de Andalucía, vienen aplicando políticas semejantes. Sin embargo, a pesar de esa coincidencia de enfoque, estimo que es una política inadecuada por diversas razones.

En primer lugar, porque las políticas sociales deben favorecer preferentemente a los sectores más necesitados. Sin embargo, de esta medida no se podrán beneficiar los jóvenes o familias con menos recursos, pues la hipoteca de una vivienda no está al alcance de los sectores más necesitados. De hecho, se dirige a personas o familias con una renta máxima anual de 37.800 euros (y el doble si la inversión la afronta una pareja), lo que no constituye un nivel bajo de ingresos.

Por otra parte, el artículo 47 de la Constitución establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda", lo que no es lo mismo que el "derecho a la propiedad de una vivienda", que ha sido la política de vivienda predominante en España. Esta opción de política de vivienda no parece justa, pues implica que con los impuestos de algunos ciudadanos (que pueden no tener capacidad para adquirir su propia vivienda) se financie a otros la compra de un inmueble. Por ello, es más justo y menos costoso instrumentar el derecho a la vivienda con viviendas públicas de alquiler, que en la Unión Europea es la política predominante, y que algunos países suponen más del 15% del parque de viviendas, mientras que en España es una realidad anecdótica. Dado que lo razonable es que los alquileres de las viviendas públicas sean temporales, revisables y proporcionales a la renta y otras circunstancias familiares, el problema de las viviendas públicas de alquiler es su gestión, por la debilidad política para hacer cumplir las condiciones de alquiler.

Por otra parte, es muy cuestionable la oportunidad de incentivar a los jóvenes a la compra de viviendas, pues los menores de 35 años se encuentran en su mayoría en una etapa de la vida en la que están definiendo su futuro, por lo que las viviendas en propiedad le limitan la libertad y la flexibilidad necesarias para definir su futuro. Además, la experiencia histórica pone de manifiesto múltiples irregularidades en la transmisión y alquileres de viviendas cuya compra fue subvencionada. Por todo lo anteriormente expuesto, lo recomendable de una política de vivienda es propiciar un mercado de alquiler privado amplio, competitivo y seguro para propietarios e inquilinos, complementado con viviendas públicas de alquiler.

Finalmente, aunque la medida haya encontrado el respaldo de la banca española, porque estimularía una demanda de crédito hipotecario retraída por la subida de los tipos de interés, hay que tener en consideración los compromisos adquiridos por España con la Comisión Europea de control del déficit público, lo que puede complicarse porque el intenso aumento de los ingresos fiscales del pasado año se está ralentizando, mientras que el Presidente del Gobierno se compromete a nuevos aumentos de gasto público en cada mitin de fin de semana.