Entre veto y verja, ¿cosoberanía?

Con el trasfondo de las ya viejas controversias entre España y el Reino Unido sobre el estatuto jurídico y el destino político de Gibraltar, la diplomacia y el Gobierno españoles han tenido que emplearse a fondo en la recta final de las negociaciones entre la UE y el Reino Unido sobre el Acuerdo de Retirada y la Declaración política sobre el marco de las relaciones futuras. El empeño diplomático español se ha saldado con diversos pronunciamientos político-jurídicos. De parte de la UE, por un lado, una carta dirigida por los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión al presidente del Gobierno español, y, por otro, sendas declaraciones del Consejo Europeo y de la Comisión incorporadas al acta de la reunión del Consejo Europeo, una interpretativa del Acuerdo de Retirada, compartida con el Reino Unido, y otra sobre el ámbito de aplicación territorial de los futuros acuerdos con el Reino Unido. En esa carta y esas declaraciones se contiene lo que el presidente Sánchez ha llamado "el triple blindaje" a la necesidad del visto bueno de España a la aplicación en Gibraltar de cualquier relación futura entre la UE y el Reino Unido, garantías que desbloquearon el "veto" de España en el Consejo Europeo. De parte británica, en respuesta a aquella carta y a las declaraciones, cartas dirigidas por el representante permanente del Reino Unido ante la UE a los secretarios generales de la Comisión y del Consejo de la UE.

La valoración a este respecto del alcance jurídico y político de los arts. 3 y 184 del Acuerdo de Retirada, de la Declaración política, de la posición adoptada por España y de esas cartas y declaraciones está lejos de ser unánime en Reino Unido, en Gibraltar y, particularmente, dentro de España. En síntesis, los puntos que me parecen más relevantes son los siguientes. En primer lugar, para su entrada en vigor, el Acuerdo de Retirada debe ser aún concluido por las partes, lo que no se me antoja tan difícil por la UE como por el Reino Unido. En la UE, simplemente debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, incluidos los representantes de los ciudadanos británicos, y posteriormente celebrado por el Consejo, por mayoría cualificada sin contar con el Reino Unido. En cambio, la aprobación en el Parlamento británico pasa por una difícil votación donde tendrán mucho que decir los partidarios del Brexit duro -incluidos fervientes simpatizantes de la causa británica de los gibraltareños, que se sienten muy británicos al tiempo que muy europeos (de la UE…)- y los del Bremain, muchos de los cuales abogan por la repetición del referéndum, en la senda del mismísimo Blair. En segundo lugar, Gibraltar tiene dentro de la UE un estatuto específico como territorio británico de ultramar desde la adhesión del Reino Unido a las CCEE en 1973, cuando España no era aún miembro y nada pudo objetar. Con la retirada del Reino Unido, Gibraltar sale de la UE. Y siendo España ahora miembro -miembro muy importante, más con la retirada del Reino Unido y la deriva de Polonia-, aspiraba, y ha conseguido, asegurarse tener voz determinante para la aplicación en Gibraltar de cualquier acuerdo futuro entre la UE y el Reino Unido. Y lo ha conseguido, no porque lo diga el artículo 184 del Acuerdo; porque, conforme a la interpretación compartida por la UE y por el Reino Unido, esa disposición efectivamente no obliga ni presume la aplicación del acuerdo de relaciones futuras UE-Reino Unido en Gibraltar…, pero tampoco lo prohíbe. El Gobierno británico puede afirmar que España no ha logrado modificar el Acuerdo de Retirada -objetivo que, por cierto, el Gobierno español niega haber perseguido- y que negociará acuerdos futuros "en nombre de todos los territorios de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido, incluido Gibraltar". Pero, con la declaración sobre el ámbito de aplicación territorial de los futuros acuerdos con el Reino Unido, España sí ha logrado el compromiso, político y jurídico, de la UE y de sus otros 26 Estados miembros, de que en esas negociaciones respetarán plenamente su integridad territorial y de que los acuerdos con el Reino Unido respecto de Gibraltar requerirán el acuerdo previo de España.

La dispar valoración de este resultado en España no se debe sólo a un mal entendido debate partidista, enconado tras el acceso de Sánchez a la Presidencia del Gobierno y el ascenso de Casado en la oposición, más en plena campaña electoral precisamente en Andalucía. También el actual Gobierno catalán se ha arrogado voz en este entierro... en nombre de los intereses catalanes, pero tratando sin duda de echar tierra encima de España. Hace décadas, tras el respaldo a las tesis españolas en la ONU (1966-1968), el referéndum convocado unilateralmente por Gran Bretaña en 1967 y la promulgación de la Constitución gibraltareña de 1969 tuvieron como respuesta del Gobierno de Franco el cierre de la verja. Hoy, la escasa prudencia política de quienes abiertamente venden las ganancias o las pérdidas de España en esta negociación en nada ayuda a la causa de la cosoberanía, alternativa soñada, y eventual contrapartida, al improbable cierre de una nueva verja en Gibraltar.