El Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales ha advertido de las consecuencias negativas que, consideran, puede acarrear la entrada en vigor desde este 1 de enero la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobada en Real Decreto por el Consejo de Ministros. Esta subida supone un aumento del 22,3% respecto a su actual cuantía y su mayor alza desde 1977, con la cifra de 900 euros al mes en 14 pagas.

El presidente de la comisión permanente del órgano de representación de los más de 9.000 graduados sociales andaluces, el gaditano José Blas Fernández, ha señalado que la decisión del Gobierno acarreará consecuencias negativas, “de fondo y de forma”. A su juicio, un incremento “de golpe” de más de veinte puntos es “inasumible” por la mayoría de pequeñas y medianas empresas que son el grueso del tejido productivo andaluz.

El consejo andaluz de estos operadores jurídicos ha sostenido que esta medida tendrá un doble efecto negativo: por un lado, un mayor desempleo y, por otro, desprotección para los trabajadores y un incremento del fraude, ya que señalan que las empresas más pequeñas no van a poder asumir este incremento “repentino”.

Los representantes del consejo no entienden cómo esta medida se ha adoptado “a espaldas” de los empresarios, fuera de la mesa para el diálogo social, y sin contar con la opinión de los operadores profesionales en materia laboral, los graduados sociales.

“Gobierno y sindicato han adoptado una medida que afecta mayoritariamente a las empresas sin contar con ellas. El resultado a corto plazo será la reducción de márgenes y el incremento de la tensión laboral”, ha advertido el presidente de los graduados sociales. Señaló además que cualquier profesional de las relaciones laborales advertiría del impacto negativo de pasar de un coste de 13.500 euros anuales para la empresa a los 16.510 euros al año que supone el nuevo SMI.