Verónica Luna y sus tres hijos menores de edad serán expulsados este miércoles de la casa en San Fernando en la que viven desde 2016. Más de seis años en los que esta mujer ha pedido que su situación se formalizara –ocupó el lugar al verse irremediablemente en la calles con niños a su cargo– a través de un alquiler social, sin tener respuesta de la propiedad de la vivienda, Coral Homes, ni la entidad financiera a la que pertenecía de inicio. "La hemos tenido que traer al hospital. Su situación es ya desesperada y no es la primera vez que nos vemos así", explica Ángeles Fernández, delegada de la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos que le está dando su apoyo, amiga de Verónica y también afectada por otro lanzamiento, en su caso "por no querer el fondo renovarme el contrato con el que yo entré en mi casa hace cuatro años".

La historia de Verónica Luna se hizo viral en noviembre de 2019 cuando en un vídeo pedía ayuda para no ser desahuciada de la vivienda que habitaba con sus tres hijos en San Fernando. Podemos se hacía eco de la situación y reclamaba a la entidad bancaria con la que la afectada había intentado cerrar un alquiler social (estaba pendiente de su respuesta cuando recibió la carta de Coral Homes, la nueva propietaria) y al Ayuntamiento que se responsabilizaran.

Su lanzamiento se retrasó entonces un mes y poco después se comunicó –lo hizo la alcaldesa tras los contactos del Ayuntamiento con la entidad bancaria y la empresa– que se aplazaba otros tres meses para dar tiempo a la mujer, divorciada, y su familia a encontrar una solución.

Siguiendo el hilo de esas fechas habría que situarse a finales de marzo de 2020 para completar ese plazo, cuando ya había estallado la pandemia del covid-19 y la sociedad quedaba confinada en sus casas. El Gobierno central impedía con distintos decretos el desahucio (o lanzamiento en los casos de alquiler) de personas o familias en situación de vulnerabilidad, una cuestión que se ha extendido también por la crisis económica. "No sé por qué ahora la Justicia mantiene el lanzamiento que los decretos han ido impidiendo", reconoce Ángeles Fernández.

Verónica nunca se ha negado a pagar y mantiene el argumento de que no puede hacer frente a un alquiler normal con los ingresos que tiene. "Buscarse un alquiler con un mes de fondo es complicado. Incluso se ha encontrado con propietarios que rechazan para alquilar la entrada con animales o hijos", se queja Fernández.

Desde el gobierno municipal lamentan y les preocupa la situación. En este tiempo, advierten sin embargo, Luna no ha seguido los cauces oficiales con los Servicios Sociales para ser atendida por una trabajadora social. A pesar de ello la responsable de Política Social, Virginia Barrera, sí ha estado en contacto hasta mandarle la información sobre los decretos a los que podía acogerse y pendiente ahora tras informar el lunes del lanzamiento.

Se han llegado, detallan, a elaborar tres informes de situación vulnerable (junio y septiembre de 2021, por un lado; y mayo de 2022, cuando desde el Juzgado reclaman que se explique porqué está en situación de vulnerabilidad, de lo que se deduce que la jueza ha estimado que ya no cumple las condiciones para aplicarle los decretos. Si el lanzamiento se produce Servicios Sociales dará una solución habitacional de urgencia a la familia, pero será temporal. No tiene preferencia para una vivienda social, por lo que la opción es conseguir el alquiler de una casa y tramitar las ayudas pertinentes a través de la trabajadora social.