El Tribunal Constitucional ha avalado este jueves los recortes en Educación que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, en una sentencia en la que ha rechazado el recurso que la Junta de Andalucía presentó al considerar que el decreto que los regulaba invadía competencias autonómicas. La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente del Tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, avala la constitucionalidad de casi todos los preceptos impugnados del decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. La vicepresidenta, Adela Asúa, y el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré han formulado votos particulares. 

El Tribunal sólo ha declarado inconstitucionales tres apartados del decreto y lo ha hecho porque considera que no cumplen el requisito de la "extraordinaria y urgente necesidad" que la Constitución exige en su artículo 86.1 para legislar por decreto-ley, requisito que sí cumple, dice el Constitucional, el resto de la norma impugnada. Se trata de los apartados que se refieren a los "centros y estructuras" de las Universidades públicas. Según la doctrina, para cumplir el citado requisito el Gobierno debe expresar de forma "explícita y razonada" en el texto legislativo cuál es la situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifica que unas determinadas medidas, cuya importancia exige en teoría el rango de Ley General, sean reguladas por decreto-ley. El Gobierno ha explicado de manera "suficiente" la situación de urgente necesidad que justifica regular los recortes en Educación por decreto, dice el Constitucional: controlar el gasto con el fin de "reducir el déficit público en un contexto de crisis económica excepcional" y cumplir así las exigencias que supone estar en la zona euro. 

En cuando a la no invasión de las competencias autonómicas, el Constitucional señala que, en materia de educación, corresponde al Estado "establecer la normativa básica" sobre el alcance de este servicio público y fijar las medidas que hagan efectiva su prestación. "El sistema educativo -dice- es único en todo el territorio nacional, lo que puede reclamar, al tratarse de centros sostenidos con fondos públicos, un tratamiento mínimamente homogéneo" de cuestiones como la jornada laboral del profesorado o el régimen de sustituciones en centros públicos y concertados. El Pleno también rechaza que se vulnere el principio de autonomía financiera de Andalucía o la autonomía universitaria. 

En su voto particular los dos magistrados citados, Asúa y Valdés Dal-Re, señalan que la competencia legislativa del Estado en materia educativa es insuficiente para amparar que el decreto regule aspectos como la jornada lectiva de los profesores universitarios y no universitarios. Sobre este último punto señalan expresamente que "no compartimos la fundamentación que se ofrece sobre la constitucionalidad de la intervención estatal en una cuestión que la propia sentencia adscribe al ámbito de la autonomía universitaria". La sentencia marcará el camino para otras que respondan a los recursos que los partidos de la oposición o diversos gobiernos autonómicos, como los de Asturias, Cataluña o País Vasco -entre otros- presentaron contra los recortes en Educación.

La Junta reclama la derogación del decreto de gasto público en la educación

Por su parte, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha reclamado al Gobierno, tras conocer la sentencia del Constitucional, la derogación urgente del decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. El consejero andaluz ha explicado a los periodistas que la decisión del Constitucional tiene un marcado carácter técnico, pero ha sostenido que es una "oportunidad" para reflexionar sobre la validez del decreto. "Puso en riesgo el sistema universitario, de ahí que la Junta recurriera algunos aspectos al entender que invadía sus competencias y principios constitucionales como la autonomía universitaria", ha esgrimido. Después de precisar que la sentencia da en parte la razón a la Junta y en otras no, Ramírez de Arellano ha pedido una reflexión sobre su vigencia y ha demandado su "derogación a la mayor brevedad".

Para la Junta su vigencia "carece de sentido" al afectar a los precios de las matrículas universitarias y que entró en la educación como "un elefante en una cacharrería al obligar a que los másteres sean mucho más caros que los grados y afectar a la continuidad y estabilidad de los centros universitarios". Por ello, el consejero de Economía y Conocimiento ha pedido su reconsideración desde el diálogo con todos los actores para mejorar el sistema universitario, en lugar de "introducir en él incertidumbres". Al margen de los aspectos técnicos de la sentencia, el Gobierno andaluz quiere que los másteres valgan lo que los grados, que las universidades mantengan la autonomía para la organización interna de sus recursos y actividades, y que la Junta mantenga sus competencias respecto al funcionamiento de las universidades, ha precisado.