El Tribunal Supremo de Israel ha ordenado este lunes la liberación de la activista española Ariadna Jové Martí, así como de su compañera australiana Bridgette Chappell, a cambio de una fianza de 3.000 shekels cada una (casi 587 euros) y les ha prohibido la entrada en Cisjordania, según informó la edición digital del diario Yediot Aharonoth. La activista catalana, en declaraciones tras salir de la cárcel, señaló que los soldados la habían apuntado con fusiles M-16, pero que no sintió miedo porque está acostumbrada a ver a militares.

El Supremo dictaminó también que las dos activistas deberán solicitar, en un plazo de cinco días, permiso administrativo para poder permanecer en Israel. Poco antes, la oficina del Fiscal del Estado había admitido que la detención de ambas había sido "totalmente inapropiada" por un problema sobre la jurisdicción de los inspectores de la unidad policial a la que habían sido trasladadas. 

Las dos mujeres, pertenecientes al Movimientos Internacional de Solidaridad (ISM, por su siglas en inglés), fueron detenidas el domingo durante una incursión del Ejército israelí en la ciudad cisjordana de Ramala  bajo la acusación de permanecer de forma ilegal en Israel. El Tribunal Supremo israelí paralizó el mismo domingo la deportación de ambas a la espera de su audiencia de este lunes. 

Durante la sesión de este lunes, el Supremo decidió liberar a las dos mujeres tras el pago de una fianza a condición de que permanezcan únicamente en territorio de Israel. Las dos activistas habían recurrido contra su detención ante el Alto Tribunal de Justicia, ante el que alegaron que sus arrestos se habían producido en la Zona A, en la que la Autoridad Palestina tiene plena jurisdicción y la Policía israelí carece de competencias. 

Detenciones "inapropiadas"

La Fiscalía ha reconocido que las detenciones fueron "totalmente inapropiadas" porque las dos mujeres habían sido trasladadas a la unidad policial de Oz, dentro de los territorios, y no a territorio  bajo soberanía israelí, como tendría que haberse hecho. La fiscal del Estado, Ilil Amir, precisó que, pese a este percance, sólo se les debería liberar si se les prohibí la entrada en territorio de la Autoridad Palestina. 

Durante la sesión, el juez Asher Grunis criticó la forma en que fueron detenidas las dos activistas. "Si las dos persona se encuentran ilegalmente en Israel, se debe actuar de acuerdo con las leyes de entrada en Israel. ¿A qué viene, por tanto, mantenerlas bajo arresto? Dadas las circunstancias, se debe considerar su liberación bajo ciertas condiciones", afirmó el magistrado.

A la pregunta del juez sobre bajo qué condiciones aceptaría la Fiscalía su liberación, la acusación respondió, tras una consulta entre la Fiscalía del Estado y el Ministerio del Interior, que aceptaría su liberación si se les obligaba a permanecer en Israel y a pagar una fianza de 25.000 shekels (casi 5.000 euros). Finalmente, el juez fijó la fianza en 3.000 shekels.

"Persecuciones por opiniones políticas"

El abogado de las dos mujeres, Omer Shatz, declaró ante el Supremo: "Nos preguntamos cuál ha sido el motivo del Ejército para implicarse en la detención de dos activistas". "El motivo del Ejército es perseguir a la gente en función de sus opiniones políticas", prosiguió, citado por el 'Yediot'. "Pido al Tribunal que no tienda su mano a este acto ilegal", agregó. 

Según los abogados, citados por el diario, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se había implicado en el asunto y había pedido al embajador de Israel en España que no se deportara a Ariadna Jové. 

Apuntada con fusiles M-16

Ariadna José relató que los soldados entraron de forma "violenta y agresiva" en su casa, tiraron la puerta al suelo y la apuntaron con fusiles M-16, aunque no sintió miedo porque lleva más de un año en Palestina y está acostumbrada a ver a militares. 

Así se expresó en declaraciones tras salir de la cárcel de Tel Aviv, donde pasó la noche junto a la activista australiana. La catalana afirmó que "nadie está preparado" para que le detengan en plena noche y le apunten con un arma, y que fue "impactante", aunque no ha tenido "tiempo de asimilarlo".

Según ella, no han sufrido "ninguna agresión", aunque durante su traslado y en el interrogatorio fueron objeto de "comentario despectivos", llamándolas "sucias activistas". Además, aseguró que  han tenido "todo el apoyo" legal de sus abogados y de los medios de comunicación, además del consulado español. 

Explicó que en la mañana del lunes fueron trasladadas al juicio esposadas de pies y manos en un camión con celdas individualizadas de 50 por 50, en las que apenas podían sentarse en un taburete de metal "de mala manera".

La noche de la detención, una decena de jeeps del Ejército llegaron a su vivienda y los soldados armados la rodearon y tiraron la puerta al suelo. Les apuntaron y les reclamaron sus pasaportes, y comprobaron que tenían el visado caducado. 

Les ordenaron que cogieran sus pertenencias y confiscaron un ordenador y documentación del ISM para trasladarlas a un asentamiento israelí en Ramala, y de allí a la prisión militar de Ofer, donde fueron entregadas a la unidad policial migratorio de Israel.

Deportación o cárcel

Cambiaron de vehículo en varias ocasiones y, según Jové, un agente del servicio secreto israelí les explicó que las iban a llevar a la comisaría en Tel Aviv, donde les darían a elegir entre seis meses de cárcel "o firmar la deportación momentánea", en 24 horas, algo para amedrentarlas, aunque ellas "no firmaron nada".

Sobre las 18 horas llegaron a una prisión de Tel Aviv, donde recibieron la visita del cónsul español y del canciller español en Jerusalén, hasta que a las 10 horas fueron al juicio.

"El juicio todavía no está acabado", explicó Jové, ya que ahora el Supremo debe dirimir si la detención fue ilegal, ya que según ella se trata de una violación de los acuerdos de Oslo, por lo que las fuerzas de seguridad israelíes no pueden entrar en determinadas zonas palestinas, la Zona A, en la que está incluida Ramala, a menos que haya un caso urgente de riesgo para la seguridad. 

Para Jové, que las hayan detenido "de esta manera" entra "dentro de la campaña para restar activistas" a la causa palestina y "frenar las manifestaciones contra la ocupación israelí", y opinó que si el Supremo dictamina que la detención fue ilegal, será una "victoria para el movimientos de resistencia popular".