Las universidades calculan que a partir del próximo 1 de enero deberán gestionar el alta a la Seguridad Social de 400.000 estudiantes en prácticas al año ante la negativa de empresas e instituciones de asumir su cotización y advierten que esta nueva carga administrativa puede conducir al "colapso" de sus servicios.El pasado mes de junio, el Gobierno aplazó hasta el 1 de enero de 2024 la inclusión en el sistema de Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o académicas externas, una medida que debía entrar en vigor el 1 de octubre y que formaba parte del último tramo de la reforma de las pensiones.En declaraciones a Efe, la rectora de la Universidad de Huelva y presidenta de la Comisión Sectorial de Asuntos Estudiantiles de Crue Universidades, María Antonia Peña, explica que están resolviendo con la Tesorería de la Seguridad Social "las muchas dudas técnicas que comporta" la medida, mientras que empresas y entidades les comunican su negativa a hacerse cargo del alta en la Seguridad Social.Dentro del sistema público, añade, "estimamos que hay unas 400.000 prácticas curriculares al año", lo que conllevará un coste de al menos nueve millones de euros (incluida ya la bonificación del 95% por parte del Estado) pero -recalca Peña- no es la cuantía lo que preocupa a la Crue, asociación que agrupa a la mayoría de las universidades españolas.Lo que realmente inquieta a la Crue es la gestión del enorme volumen de prácticas curriculares, que en muchos son obligatorias y sin las cuales el estudiante no se puede graduar, añade Peña, quien señala que estas tareas pueden conducir al "colapso" de los servicios administrativos del sistema público universitario, "que no sobran".Según la rectora de la Universidad de Huelva, el mencionado real decreto establece que sean las empresas y las instituciones públicas y privadas las encargadas de tramitar las cotizaciones, sin embargo también fija que ello será así "salvo que los convenios digan lo contrario".Y a esto último es a lo que se están acogiendo las empresas e incluso "los propios ministerios" y otras instituciones públicas y privadas que acogen a estudiantes en prácticas.Se une a ello que existen empresas que por sus características no pueden asumir esta gestión, "por ejemplo los estudiantes de Trabajo Social que hacen prácticas en ONG, que ya de por sí tienen estructuras precarias, o estudiantes que van a pymes familiares"."O lo llevamos nosotros adelante o tenemos que reformar planes de estudio y quitar las prácticas. Ahora mismo vamos a intentar absorberlo pero si llega un momento en el que por ejemplo se retira la bonificación porque cambia el gobierno" habría que replantearlo.En todo caso sería "un horizonte indeseable en el que no nos quisiéramos ver porque perjudica al alumnado, pero al final las cosas se regulan y todo recae en las universidades", concluye.