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Desde que se conociera, a través de los medios de comunicación, que se había detenido al párroco de Vélez Málaga por cuatro posibles delitos de agresiones sexuales, el obispado de Málaga se ha mantenido en una postura de condena por las presuntas violaciones.
Sin embargo según la pareja del párroco de 34 años, que fue quien denunció los hechos en agosto ante la Policía, antes de dar ese paso acudió a la Iglesia en enero de este mismo año para comunicar lo sucedido. Desde la entidad eclesiástica lo que harían sería trasladar al párroco, que entonces oficiaba misa en Melilla, a Málaga, de donde él era. Si esto se confirma, el Obispado podría tener responsabilidad en un delito de encubrimiento.
Desde esta entidad aseguran, sin embargo, ser "el primer interesado en que se sepa toda la verdad" sobre las presuntos agresiones sexuales. Desde la Diócesis han incidido en que no fue hasta agosto de este año cuando una mujer que decía ser pareja sentimental del cura les habló de unos vídeos y le instaron a que denunciara. Nada dicen de que ellos conocían la información desde enero. La justificación que dan respecto al traslado del sacerdote se debió a problemas de salud que el hombre tendría.
Así lo ha explicado el portavoz de la Diócesis malagueña, Antonio Moreno, quien ha incidido en que se investigue "hasta el final" lo ocurrido y en mandar un mensaje desde el Obispado "de apoyo más cercano a las víctimas, con las que nos sentimos profundamente comprometidos, y manifestar el dolor que siente toda la comunidad cristiana malagueña".
Moreno ha apuntado "se ha comentado que nosotros -el Obispado- desde el mes de enero conocíamos la existencia de estos vídeos, que son delitos, claro, que son unos vídeos grabados ilegalmente, y eso es totalmente falso". Al respecto, ha señalado que la noticia que les llegó en enero era de la relación a escondidas que el párroco tenía con la feligresa.
Así, ha explicado que fue posteriormente, ya cerca del verano, cuando la mujer acudió a los sacerdotes a decir que había encontrado estos vídeos "y entonces nosotros fuimos los primeros que le dejamos claro que lo que tenía que hacer era ir a la Policía Nacional y denunciarlo".
En este punto, ha asegurado que el Obispado no tenía los vídeos; "no teníamos la prueba por lo que no podíamos hacer nada, ni ejercer ninguna otra medida más que decirle que fuera a la Policía", apuntando que "nos hemos puesto a disposición de ellos, por supuesto, porque somos los primeros interesados en que se sepa toda la verdad, y por eso pensamos que era la Policía la que tenía que iniciar esa investigación".
Moreno ha señalado que hasta ahora no han tenido confirmación de todo el contenido concreto de esta investigación. El párroco no ha sido suspendido hasta el mismo martes, 25 de septiembre, momento en que trascendió a los medios lo sucedido. Sin embargo el sacerdote fue detenido el 11 de septiembre.
Moreno ha esperado que "el mal que ha causado uno, no empañe la labor de tanta gente como sigue trabajando por los demás. El mensaje de amor que nosotros tratamos de trasladar a toda la sociedad, en este caso se ha visto roto porque cuando hay abuso no hay amor, cuando hay mentiras no hay amor".
Por el momento la Policía se encuentra analizando los más de 100 archivos que se han encontrado en el disco duro y que en principio corresponderían a las cinco víctimas que ya hay identificadas.
Los hechos de los que se tiene constancia habrían ocurrido entre 2017 y 2019, pero los agentes no descartan que haya más víctimas en otros periodos de tiempo. De hecho han apuntado a que podrían existir hasta una decena de mujeres afectadas por este caso al que han dado el nombre de ‘Nun’ (monja en inglés).
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