Consumo prohibirá vender bebidas energéticas a menores de 16 años en toda España

El ministro Pablo Bustinduy anuncia una normativa que limitará el acceso a estos productos con cafeína y regulará la publicidad de alimentos no saludables

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Un expositor con bebidas energéticas
Un expositor con bebidas energéticas / Paloma Puente / Efe
Redacción · Agencias

25 de febrero 2026 - 12:11

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este miércoles una nueva normativa que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años en todo el territorio español. La medida, presentada por el ministro Pablo Bustinduy desde Barcelona, establece además restricciones más estrictas para aquellas bebidas que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros, cuya venta quedará vetada a menores de 18 años.

La iniciativa llega respaldada por un amplio consenso social, según refleja el barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). Los datos muestran que nueve de cada diez españoles apoyan esta prohibición, incluyendo un respaldo del 88,3% entre los jóvenes de 18 a 35 años. Bustinduy compareció antes de reunirse con representantes de la Gasol Foundation, entidad dedicada a combatir la obesidad infantil mediante programas de promoción de hábitos saludables.

El ministro ha subrayado que esta regulación responde a una "percepción de riesgo clara sobre las bebidas energéticas" detectada por el estudio de la AESAN. Los números resultan alarmantes: el 25% de los encuestados consume estos productos una media de dos veces por semana, mientras que el 49% de los consumidores habituales ingiere al menos una bebida energética diaria. Además, el 47% las combina regularmente con alcohol, una práctica especialmente preocupante desde el punto de vista sanitario.

Ampliación de las restricciones en centros educativos

Esta normativa se suma a la prohibición ya vigente desde el año pasado, cuando el Ministerio impulsó la venta de bebidas energéticas en centros escolares mediante la aprobación del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. La nueva regulación extiende esa protección más allá de las aulas, abarcando cualquier punto de venta en el territorio nacional.

La medida cuenta con fundamento científico sólido. En 2021, el Comité Científico de la AESAN elaboró un informe que señalaba los riesgos asociados al consumo excesivo de cafeína. Según este documento, efectos fisiológicos no deseados van desde alteraciones del sueño hasta trastornos cardiovasculares, pasando por efectos psicológicos y alteración del comportamiento. El informe advierte tanto sobre el tiempo necesario para conciliar el sueño como sobre su duración total.

Un grupo de trabajo sobre bebidas energéticas, coordinado por la AESAN y con participación de diversos ministerios y gobiernos autonómicos, ha venido preparando el terreno para esta regulación. La iniciativa busca armonizar la legislación a nivel estatal, favoreciendo así la unidad de mercado y complementando las normativas ya implantadas por comunidades autónomas como Galicia y Asturias.

Alineación con políticas europeas de salud pública

España se suma así a otros países europeos que han adoptado restricciones similares. Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría y Lituania ya cuentan con normativas que limitan el acceso de menores a las bebidas energéticas. Esta convergencia legislativa refuerza el consenso científico internacional sobre los riesgos que estos productos representan para la población juvenil.

La Organización Mundial de la Salud ha alertado repetidamente sobre el impacto del consumo de cafeína en edades tempranas. Los organismos sanitarios internacionales coinciden en que la exposición prolongada a estos estimulantes puede generar dependencia, alteraciones metabólicas y problemas de desarrollo en adolescentes. La medida española responde directamente a estas recomendaciones internacionales.

Regulación de la publicidad de alimentos no saludables

Paralelamente a la prohibición de venta, el Ministerio de Consumo pondrá en marcha una regulación sobre la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños, niñas y adolescentes. "Son anuncios nocivos para su salud", ha declarado Bustinduy, quien ha asegurado que estas medidas responden a un "clamor social". El barómetro de la AESAN refleja que casi el 80% de la población cree necesario prohibir la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores.

Los datos resultan reveladores: cada niño español recibe más de 4.000 anuncios publicitarios de comida no saludable al año a través de la televisión. Esta cifra se traduce en casi 11 anuncios diarios, que ascienden a 30 si se incluyen otros canales de comunicación. El ministro ha calificado estos números como "preocupantes" y ha remarcado la importancia de proteger a la población infantil de este tipo de mensajes comerciales.

La Organización Mundial de la Salud señala que la exposición a publicidad de alimentos incrementa la ingesta calórica, promueve el consumo de productos poco saludables y poco nutritivos, y tiene un impacto perjudicial y sostenido en el tiempo en la salud infantil. Además, advierte de que la publicidad utiliza técnicas persuasivas que pasan desapercibidas entre los más jóvenes, recurriendo a influencers o ídolos deportivos para su promoción y apelando a un atractivo emocional que asocia estos productos con diversión y entretenimiento.

¿Qué son las bebidas energéticas y por qué preocupan?

Las bebidas energéticas son productos comerciales que contienen cantidades elevadas de cafeína, azúcares y otros estimulantes como taurina o guaraná. Su consumo se ha popularizado especialmente entre adolescentes y jóvenes adultos, que las utilizan para combatir el cansancio, mejorar el rendimiento físico o prolongar las jornadas de estudio y ocio. Sin embargo, el contenido de cafeína puede superar ampliamente las cantidades recomendadas para menores de edad.

Los efectos adversos documentados incluyen arritmias cardíacas, hipertensión, ansiedad, insomnio y, en casos extremos, convulsiones. La combinación con alcohol, práctica habitual según los datos de la AESAN, multiplica los riesgos al enmascarar los efectos depresores del alcohol, lo que puede llevar a un consumo excesivo y comportamientos de riesgo. Las autoridades sanitarias consideran que la regulación del acceso es una medida preventiva fundamental para proteger la salud de los menores.

Contexto internacional y experiencias comparadas

Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda y Suecia ya han adoptado medidas similares en cuanto a la regulación publicitaria de alimentos no saludables. Estos países han establecido franjas horarias de protección, limitaciones en medios digitales y restricciones sobre el uso de personajes infantiles o celebridades en campañas dirigidas a menores. Los resultados preliminares en estos territorios muestran una reducción significativa en la exposición publicitaria y, en algunos casos, cambios en los patrones de consumo infantil.

La experiencia internacional demuestra que las regulaciones integrales, que combinan restricciones de venta con limitaciones publicitarias, resultan más efectivas que las medidas aisladas. Los expertos coinciden en que la protección de la infancia requiere un enfoque multidimensional que aborde tanto la disponibilidad de productos perjudiciales como los mensajes comerciales que promueven su consumo.

Impacto en la obesidad infantil y desigualdades sociales

Bustinduy ha insistido en la necesidad de actuar frente a la presión publicitaria de alimentos ultraprocesados con alto contenido en grasas, azúcares o sal. "En España, un 80% de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables", ha alertado el ministro, citando un informe de la Gasol Foundation sobre los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes de la población infantil y adolescente española.

El problema de la obesidad infantil afecta especialmente a las familias con menos recursos, según han constatado diversos estudios epidemiológicos. Las desigualdades socioeconómicas se reflejan en el acceso a alimentos frescos y saludables, mientras que los productos ultraprocesados resultan más económicos y accesibles en barrios desfavorecidos. Esta brecha alimentaria contribuye a perpetuar las desigualdades en salud a lo largo del ciclo vital.

¿Cuándo entrará en vigor la prohibición?

Aunque el ministro ha anunciado la puesta en marcha de la normativa, aún no se ha especificado la fecha concreta de entrada en vigor. El proceso legislativo requerirá la tramitación del correspondiente real decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se espera que el Ministerio abra un periodo de consulta pública para recabar aportaciones de los sectores afectados antes de la aprobación definitiva del texto normativo.

Los expertos anticipan que la industria de bebidas energéticas podría presentar alegaciones durante el proceso de tramitación. No obstante, el amplio respaldo social documentado por la AESAN y el consenso científico sobre los riesgos para la salud infantil proporcionan una base sólida para la defensa jurídica de la medida ante posibles impugnaciones.

Responsabilidad empresarial y salud pública

"Las empresas del sector tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país", ha asegurado Bustinduy. El ministro ha defendido la acción normativa en este ámbito como una "cuestión de salud pública" y para "garantizar los derechos de la infancia", aunque eso implique, ha dicho, "poner coto a los poderosos".

La regulación plantea un equilibrio entre la libertad empresarial y la protección de colectivos vulnerables. Desde el Ministerio se argumenta que los menores de edad requieren una protección especial debido a su desarrollo cognitivo incompleto y su mayor vulnerabilidad ante estrategias de marketing. Las organizaciones sanitarias y de consumidores han celebrado el anuncio, considerándolo un paso necesario para alinear la legislación española con las recomendaciones internacionales de salud pública.

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