Enseñanza

Los profesores técnicos de FP podrán integrarse en el cuerpo de Secundaria

Clase de FP en un instituto de Sevilla.

Clase de FP en un instituto de Sevilla. / José Ángel García

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula la integración del profesorado técnico de Formación Profesional con grado universitario en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

La demanda del reconocimiento de este derecho se podrá realizar hasta el 19 de enero de 2026, dejando así un plazo de tiempo para que aquellos docentes que carecen a día de hoy de la titulación necesaria, puedan conseguirla.

El Gobierno atiende así a "una demanda histórica que servirá para mejorar las condiciones laborales de los docentes beneficiados al pasar el subgrupo funcionarial A2, al A1", explica un comunicado del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

El texto aprobado completa el proceso iniciado con la Lomloe o Ley Celaá que declara la extinción del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional para integrarlo en el de secundaria, siempre que se esté en posesión de una titulación de grado universitario o equivalente a efectos de docencia.

A partir de ahora, serán las administraciones autonómicas competentes las encargadas de abrir una convocatoria pública para que estos docentes puedan solicitar su integración al cuerpo de secundaria.

Esta tendrá efectos en sus condiciones laborales con carácter retroactivo desde el 19 de enero de 2021, fecha de la entrada en vigor de la Ley de Educación.

Para el personal funcionario que cumpla las condiciones establecidas con posterioridad, se retrotraerán al momento en que se dieran esos requisitos.

El real decreto también incluye la posibilidad de solicitar la integración tras el cierre de esta convocatoria.

Durante la elaboración del texto se ha consultado a las autonomías y a los interlocutores sociales; los ministerios de Política Territorial y de Hacienda y Función Pública han emitido sendos informes, y ha sido dictaminado por el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de Estado.

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