Italia está inmersa en la polémica sobre la actitud de los equipos de rescate tras el naufragio del barco de inmigrantes frente a la isla de Lampedusa y la aplicación, a partir de ahora, de la dura legislación migratoria vigente.

El mal tiempo, con fuertes vientos y que dejó un complicado estado del mar, hizo que los buzos de la Guardia Costera italiana tampoco pudieran sumergirse ayer en el mar para intentar recuperar los cuerpos de algunos de los aún más de 200 desaparecidos que se cree que pudieron fallecer en el naufragio.

A la espera de una posible mejoría de las condiciones para mañana que pueda permitir encontrar nuevos cadáveres, la atención se centró ayer en los 155 supervivientes del naufragio, que, por el momento, deja un balance de 111 cadáveres recuperados.

Los supervivientes, una vez identificados, serán investigados por la Fiscalía de Agrigento, la cabecera judicial de Sicilia a la que pertenece Lampedusa, por un supuesto delito de inmigración ilegal, un formalismo que se lleva a cabo siempre en estos casos en Italia en aplicación de la legislación vigente.

Desde que entró en vigor la última ley en agosto de 2009, tras su aprobación por parte del Ejecutivo de Silvio Berlusconi, con la Liga Norte en el Ministerio del Interior, Italia cuenta con el delito de inmigración ilegal, que no conlleva penas de cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión de los indocumentados.

Según esta ley, con la que se obliga además a los funcionaros públicos a denunciar a los indocumentados (los médicos y los directores de centros educativos quedan exentos de esa obligación), los inmigrantes que consiguieron sobrevivir, que, en algunos casos, pagaron 500 dólares por la travesía, pueden enfrentarse a multas de hasta 5.000 euros. A esta norma se suma la llamada ley Bossi-Fini de 2002, que adquiere ese nombre por sus ministros conservadores promotores y que prevé el delito de complicidad con la inmigración ilegal para quien lleve a Italia a inmigrantes sin permiso de entrada, aplicable, por tanto, a quienes asisten a barcos de indocumentados en apuros.

"Estamos ante un fenómeno migratorio histórico, que no se resuelve agitando el miedo de la gente. Todos los remedios adoptados se han demostrado contraproducentes y fallidos, porque han alimentado un circuito de xenofobia y racismo que no hace honor a nuestro país", afirmó ayer el ministro de Administraciones Públicas, Giampiero D'Alia.

A la cuestión sobre la legislación migratoria italiana se sumó ayer la polémica en torno a la actitud de las fuerzas de rescate en el momento del naufragio del barco, sobre lo que la Fiscalía de Agrigento, en Sicilia, aún no ha abierto ninguna investigación.

Un diario local aseguraba ayer que dos lanchas motoras de la Guardia de Finanzas permanecieron atracadas en el muelle de Favaloro sin ser utilizadas tras producirse la tragedia y el propietario de uno de los pesqueros que acudió al rescate de los inmigrantes criticó la actitud de los agentes y retó a las autoridades a que le apliquen la ley que penaliza a quien ayuda a indocumentados a llegar a Italia. "La gente se moría en el agua mientras ellos pensaban en hacer fotografías y vídeos. Tenían que pensar en sacar a las personas. Nosotros los hacíamos subir de cuatro en cuatro. Cuando mi barco estaba lleno de inmigrantes y pedimos a los agentes que los subieran a bordo, decían que no era posible, que tenían que respetar el protocolo", afirmó Vito Fiorino a los medios italianos.