La trabajadora social asesinada en Vigo había pedido el cambio de servicio por acoso sexual del acusado

La trabajadora social Teresa Jesús González, de 48 años, solicitó un cambio de servicio tras sufrir acoso sexual por parte de Enrique L., marido de la usuaria a la que atendía en O Porriño (Pontevedra). Según fuentes sindicales, Teresa informó de esta situación el mismo día en que fue asesinada, el 29 de julio de 2025. El presunto autor del feminicidio, un hombre de 73 años, fue detenido en el lugar de los hechos manchado de sangre y en estado de desorientación.

Tras conocer la situación, Teresa se puso en contacto con el sindicato CIG, al que estaba afiliada, para solicitar asesoramiento sobre el procedimiento a seguir. Desde el sindicato le indicaron que debía comunicar formalmente a la empresa su renuncia a acudir al domicilio justificándola por el acoso. Aunque la trabajadora notificó esta decisión, la empresa Aralia le insistió en que debía continuar con el servicio debido a su función social, según ha denunciado la organización sindical.

El presunto autor del crimen, Enrique L., pasó a disposición judicial el 31 de julio, aunque lo hizo desde el hospital donde permanecía ingresado para someterse a una evaluación psiquiátrica, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Cronología de los hechos previos al asesinato

La empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, Aralia, ha confirmado mediante un informe que conocieron el acoso que sufría su empleada el mismo día en que se produjo su muerte, aunque el día anterior Teresa ya les había comunicado que la relación con el detenido era complicada.

El 28 de julio, un día antes del crimen, el Ayuntamiento de O Porriño contactó con la empresa para transmitir una queja de la hija de la usuaria, quien señalaba que Teresa no estaba elaborando la comida. La trabajadora explicó que el marido de la usuaria se encargaba de esa tarea por petición propia y añadió que este demandaba excesiva atención, dificultando su labor.

El día del asesinato, a las 08:28 horas, Teresa llamó a Aralia para comunicar su renuncia al servicio, explicando que había sufrido una situación de acoso el día anterior. Según la empresa, aunque no dio detalles precisos, la trabajadora insistió en que no permitiría que nadie la tocara, "ni siquiera un brazo o una mano".

La última comunicación de la víctima

A pesar de su petición inicial de cambio, Teresa indicó a la empresa que daría un margen de quince días para buscar a otra compañera que la sustituyera. Este fue su último mensaje, ya que a las 12:21 horas la coordinación del servicio recibió una llamada de otra usuaria informando que la trabajadora no se había presentado a su cita programada entre las 10:11 y las 12:15 horas.

Entre las 12:23 y las 12:36 horas, desde la coordinación intentaron contactar con Teresa sin éxito. A las 12:42 horas, la Guardia Civil les informó del desenlace. Según las primeras informaciones, el hombre la mató de un golpe con una herramienta.

Alertas sobre el comportamiento del agresor

Un detalle significativo revelado por Aralia es que el mismo día del asesinato, a las 9:43 horas, recibieron una llamada del yerno de la usuaria advirtiendo que el presunto agresor "no estaba bien psicológicamente" y que estaban "pendientes de una cita con Neurología". El familiar explicó que habían indicado al hombre que saliera a pasear durante las horas en que Teresa trabajaba en el domicilio, ya que su presencia lo ponía "muy nervioso", información que las coordinadoras desconocían hasta ese momento.

Reacciones institucionales

El Ayuntamiento de O Porriño decretó dos días de luto oficial y organizó un minuto de silencio al que asistió Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, quien afirmó no tener constancia de "ningún tipo de denuncia previa" por parte de la víctima. La Xunta de Galicia puso todos los recursos sociales y psicológicos a disposición de la familia de Teresa y de la usuaria a la que atendía, quien fue trasladada a un centro residencial.

El sindicato CIG, al que pertenecía la trabajadora, convocó concentraciones para este 1 de agosto frente a los ayuntamientos gallegos en homenaje a Teresa y para reivindicar mejores condiciones laborales y de seguridad. Además, anunció la presentación de una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la falta de evaluación de riesgos y medidas de seguridad por parte de la empresa concesionaria.

Paulo Carril, secretario general de la CIG, subrayó que "lo sucedido no puede quedar en un suceso aislado" y debe suponer "un punto de inflexión para el sector". El sindicato solicitó una reunión urgente con el presidente de la Xunta, la conselleira de Política Social, las organizaciones sindicales, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y las empresas concesionarias para implementar medidas y protocolos de obligado cumplimiento que garanticen la seguridad de las trabajadoras.