La administración pública, más allá de ser una garantía y nexo de unión con los expertos en un campo profesional determinado, se ha convertido –en muchas ocasiones– en un impedimento para poder desarrollar con garantías su trabajo, al no tener en cuenta en su día a día a los profesionales que desarrollan su actividad como colegiados en los correspondientes colegios profesionales.En este sentido, los colegios profesionales, reunidos en Diario de Cádiz esta semana, coincideron en señalar a la administración como uno de sus grandes inconvenientes cuando tienen que desarrollar su labor. La decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Isabel Suraña, reconoció que “no cuentan con nosotros para tener una línea de trabajo en las ayudas para nuestro sector y nos dejan un poco atrás para que después nos subamos al carro cuando ya está organizado de una manera que no tiene un sentido práctico. Se apoyan poco en nosotros para organizar todas esas ayudas que llegan y que son de índole propia como proyectos de arquitectura”. Y resumió que “la administración debe apoyarse más en los colegios profesionales para que nos dejen participar de todo el tema técnico, de la difusión de cultura y de las citaciones. También estamos luchando por la nueva ley de calidad de arquitectura que está ya en borrador en el Consejo de Ministros. En definitiva, tenemos que apoyarnos todos para que los profesionales podamos estar en primera línea de decisiones políticas”.José Arcos Masa, presidente del Colegio de Aparejadores, apoyó a Isabel Suraña y denunció que “las administraciones deberían apoyarse en los colegios profesionales”. Por su parte, José Blas Fernández, decano del Colegio de Graduados Sociales, aseguró que “las administraciones no ayudan absolutamente en nada” y afirmó que “hay que buscar la fórmula para plantarnos juntos ante las mismas”, para hacerles entender que son básicos para un buen desarrollo profesional en cada una de las materias en las que desarrollan su trabajo. De la misma manera, cree que “los vigilantes de seguridad se han convertido en los dueños de las administraciones, porque para entrar en cualquiera de ellas son los que deciden si se puede o no acceder” asegura. “Es una dejadez de funciones este aspecto por parte de las administraciones y deberían agilizar todo esto”.Para José Manuel Hernández, vicepresidente del Colegio de los Gestores Administrativos, la administración “ha sido la primera en cerrar y la última en abrir” reconociendo que “hemos sido el único canal directo que han tenido los ciudadanos para seguir tramitando sus asuntos con la administración gracias a la gestión telemática y digital”.

Una de las intervenciones en el desayuno informativo en Diario de Cádiz.

En toda esta problemática, la unión debe ser básica para lograr acuerdos y convenios en los que los colegios profesionales estén vinculados a la administración para llevar a cabo decisiones y proyectos que sean puestos en marcha con una lógica profesional, tal y como indican la mayoría de colegios. En este aspecto, Domingo Villero, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales hizo un llamamiento al resto de compañeros profesionales creyendo que “tenemos que ir más allá entre los diferentes colectivos de distintas profesiones. Si vamos de la mano podremos lograr que nos escuchen”.Carlos de Osma, presidente del Colegio de Administraciones de Fincas apostó porque “tenemos que ir por delante de la legislación”. Y siente una “indefensión ante las sucesivas prórrogas a la hora de tomar decisiones con los compañeros que desarrollan sus labores profesionales en las diferentes comunidades de vecinos”.Javier Cabeza de Vaca, presidente del Colegio de Economistas, no se explica que “todo esté normal, que haya fiestas, que se pueda entrar en los campos de fútbol y que todo haya vuelto a una relativa normalidad y que la administración esté cerrada. No tiene sentido que un ciudadano no pueda hablar con el funcionario que lleva su expediente, siendo algunos de extrema necesidad para el mismo”. Y apostilló que “el ciudadano cuando supera todas las barreras como indicó José Blas Fernández, se entrevista con una persona que le atiende pero que no tiene su expediente y que tampoco tiene posibilidad de acceder a él, por lo tanto es una queja y un problema grave, que afecta a la seguridad. Y eso está ocurriendo en la administración autonómica y también en la estatal y por tanto, entendemos que si contaran un poco más con los colegios, facilitaríamos todo este asunto”.