“Engañados”. Así dicen sentirse en Radio Taxi, la asociación mayoritaria en el sector, ante el texto de Ordenanza reguladora del servicio de autotaxi que llevará mañana al Pleno el Equipo de Gobierno para su aprobación definitiva. Aunque resulte lo más llamativo, no es precisamente la exigencia de cierta uniformidad lo que más indigna a los taxistas, sino que no se haya aceptado “ninguna” de sus alegaciones a la norma. Esta percepción la comparte también la Asociación de Asalariados del Taxi de Cádiz.

La ordenanza obligará en breve a los conductores a una uniformidad consistente en camisa clara, preferentemente blanca, y jersey y pantalones oscuros, con la expresa prohibición de los cortos o tipo bermudas y las camisetas. Se permiten los polos “en el caso de que la climatología lo aconseje” y quedan expresamente proscritas las chanclas y sandalias sin correa trasera.

“Nuestra alegación respecto a la indumentaria también la han rechazado”, lamenta José Manuel Vicente, presidente de tadio Taxi. “Pedimos que en verano y en temporadas de altas temperaturas pudiésemos llevar pantalones cortos como los del uniforme de la Policía Local, al igual que cuando llueve usamos chubasqueros”, argumenta el portavoz de los taxistas. En su objección califican de “inapropiada la aplicación de sanción por vestimenta siempre que el conductor vaya con una indumentaria apta para realizar su trabajo, considerando como inapropiada, por supuesto, el uso de ropa deportiva o chanclas”.

De seis alegaciones presentadas, dos de ellas a propuesta de la Asociación de Asalariados del Taxi, el Gobierno local dice haber “reflejado la estimación parcial” de una de ellas referente al momento en que se deberá poner en funcionamiento el taxímetro. Sin embargo, en el colectivo entienden que tampoco se ha admitido. “No han aceptado ninguna. Dicen que han estimado parcialmente una, pero no es exactamente lo que demandamos. Por lo tanto, está todo desestimado, y no es verdad que la ordenanza haya sido acordada. Nada ha sido por consenso”, afirma a este periódico José Manuel Vicente, presidente de Radio Taxi.

“Nuestra valoración de la ordenanza que finalmente se lleva a Pleno para su aprobación definitiva es que las aportaciones y las opiniones del sector no cuentan para nada, a no ser que coincidan con el criterio del concejal de Movilidad”, resume el portavoz del colectivo.

“Pedimos que se diferenciase el hecho de tomar un taxi en una parada del de solicitarlo por teléfono porque obviamente tiene un coste mayor por el servicio que se ofrece. Y propusimos cómo redactarlo. Ellos lo han redactado como les ha parecido, con lo cual el consenso es cero”, recalca Ana Cano, asesora administrativa de la asociación.

“Además, la obligación de de disponer de un sistema de control de GPS que contempla la ordenanza está bien tenerlo siempre y cuando dispongas de medios para adquirirlo y mantenerlo. No se puede tener este dispositivo a costa de una asociación como la nuestra, que no recibe ninguna ayuda municipal de quien concede las licencias para ejercer el servicio. No puede ser a costa de Radio Taxi”, añaden. “Mientras que al servicio de transporte público de autobuses se les inyectan millones de euros y se les compran nuevos vehículos a nosotros nos obligan a correr con todos los gastos”, lamenta el presidente de Radio Taxi.

José Manuel Vicente abunda en el asunto del encendido del taxímetro cuando se pide un servicio por teléfono:“Este tema es vital para nosotros. Nos dijeron que no nos preocupásemos, que se incluiría en la ordenanza tal y como lo habíamos propuesto, y ahora, para nuestra sorpresa, nos encontramos que está parcialmente modificado. En este punto nunca hemos tenido problemas con el cliente porque nuestra tarifa es la más barata de España, exceptuando Canarias, y llevan ocho años congeladas. Si después de esto nos van a poner un tope ridículo”.

El tope al que se refiere es al que impone la ordenanza a los servicios previamente contratados por teléfono, por emisora o por cualquier otro medio”. En estos casos “el taxímetro empezará a contabilizar desde la adjudicación del servicio y con el máximo que resulte del procedimiento de aprobación de tarifa”, explica el Gobierno local.

“Hay personas que demandan coches adaptados, amplios o con un maletero grande y a lo mejor en ese momento no se encuentran en la zona. Cuando lo hacen, nosotros, por ética, no solemos bajar bandera hasta que no llegamos al punto de recogida, a no ser que sea necesario porque haya mucha distancia y el servicio no sea rentable si no lo hacemos. Por eso, ese tope que se establezca no debería estar por debajo de la carrera mínima, como se aplica en Sevilla, que en Cádiz es de 3,60 euros. O de la bajada de bandera, que está en 1,50 euros. Si fuese una cantidad ridícula habría servicios que serían deficitarios y se quedarían sin hacer”.

Una de las alegaciones de la Asociación de Asalariados del Taxi versó sobre la vigencia de los permisos municipales para conductores. Reivindicaban que, una vez concedidos no tuviesen que volver a examinarse. "En plena pandemia obligaron a examinarse a unos veinte", denuncia Juan José Moguel, presidente del colectivo. La otra es relativa a los turnos durante la jornada de trabajo, un asunto en el que entienden que no debe inmiscuirse el Ayuntamiento en tanto que son empleados de autónomos o empresas privadas.