La Audiencia Nacional juzga el cierre de Canal 9

Redacción

10 de enero 2017 - 23:08

La Audiencia Nacional acoge el juicio por la demanda que el sindicato CGT presentó contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que extinguió los contratos de la totalidad de la plantilla de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Canal 9, formada por más de 1.600 trabajadores.

El juez podría dictar mañana un aplazamiento del juicio si, una vez iniciado, así lo pide para preparar su defensa la actual Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, contra la que el mencionado sindicato ha ampliado la demanda al entender que existe una sucesión de empresas. CGT fue el único de los seis sindicatos presentes en el comité de empresa de RTVV que votó en contra del ERE que extinguió los contratos de la totalidad de la plantilla de RTVV y que formalizó, en abril de 2014, una demanda colectiva. En noviembre de 2013 el gobierno de la Generalitat valenciana, del PP, ordenó de manera drástica la disolución de la cadena autonómica, justificando el desbordado déficit de 1.200 millones de euros acumulados. El 29 de noviembre de 2013 los liquidadores procedían al apagón de las emisiones. En mayo de 2016 el nuevo gobierno (socialistas y Compromís), a través de las Cortes valencianas aprobaba la ley para la creación de una nueva corporación y la derogación de la anterior.

La demanda sindical pide la nulidad de la extinción de los contratos, la readmisión de los empleados y el abono de salarios de tramitación, a partir de la inconstitucionalidad de la ley que avaló el cierre del ente. El pasado noviembre la Audiencia Nacional fijó la fecha de este juicio, con la ampliación de la demanda de CGT contra la nueva corporación, denuncia a la que se suman el resto de sindicatos.

La CE lleva a los Tribunales a España por la TDT

La Comisión Europea (CE) ha decidido presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España por no haber recuperado la ayuda estatal ilegal que concedió para la expansión de la TDT en las distintas comunidaddes autónomas. La CE declaró que esas ayudas a empresas instaladoras se realizaron sin un concurso completo que contemplara la incorporación de otras tecnologías además de la red terrestre, como el satélite o el cable. En toda España fueron 303,8 millones de los que la administración sólo ha recuperado 5,5. Las ayudas se destinaron a la antenización de zonas remotas, menos del 4% de la población. Según la CE aunque la principal señal del territorio sea la TDT se debió contar con otros soportes.

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