Videojuegos

El regulador estadounidense busca paralizar la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft

Parte del catálogo de Activision Blizzard

Parte del catálogo de Activision Blizzard

La Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) de Estados Unidos va a pedir a la Justicia medidas cautelares para que Microsoft no pueda completar la adquisición de Activision Blizzard, una de las mayores firmas de videojuegos del mundo, por unos 69.000 millones de dólares (64.000 millones de euros), adelantaron medios económicos.

La FTC ya presentó el pasado año una demanda para bloquear la compra al considerar que perjudicaría a los consumidores y con su nueva acción busca impedir que las dos partes cierren la operación antes de que se resuelva ese proceso. Según el canal financiero CNBC, que cita a una fuente anónima, se espera que el regulador estadounidense presente esa petición esta misma semana.

En su demanda del pasado diciembre, la FTC señalaba que la operación perjudicaría a los consumidores, pues permitiría a Microsoft dañar la competencia en el sector del videojuego al pasar a controlar importantes franquicias desarrolladas por Activision como Warcraft, Call of Duty o Candy Crush.

La demanda fue una de las acciones más contundentes emprendidas en los últimos años por los reguladores estadounidenses para tratar de controlar el poder de los gigantes tecnológicos y está aún pendiente de resolverse en un proceso cuyo comienzo está previsto para agosto.

Microsoft anunció en febrero de 2022 la compra de Activision por casi 69.000 millones de dólares en efectivo, en lo que sería la mayor adquisición en la historia de la empresa estadounidense, la mayor operación de este tipo vista en el mundo de los videojuegos y una de las mayores en el ámbito tecnológico en general.

Con Activision, Microsoft prevé convertirse en la tercera compañía del sector del videojuego, solo por detrás de Tencent y Sony.

El pasado 15 de mayo la Comisión Europea (CE) dio luz verde a la adquisición a condición de que se cumplan una serie de medidas para garantizar que la operación no daña la competencia en el sector, mientras que el regulador británico ha bloqueado la compra, una decisión que está aún pendiente de apelación.

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