El parlamentario y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el instructor del TSJA que lo investiga por presuntas coacciones como piquete durante la huelga del 29 de marzo y promoverá la impugnación de un vídeo de la Guardia Civil. 

A su salida de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, el aforado ha negado -en declaraciones a los periodistas- que ejerciera coacciones como miembro del piquete, ha dicho que "en ningún momento" hubo problemas y ha enmarcado lo ocurrido en la "tensión" que se puede generar durante una huelga. 

Su abogado, José Antonio Salazar, ha informado de que el juez instructor les ha trasladado que la imputación de Sánchez Gordillo, al que se le atribuyen cinco delitos contra los derechos de los trabajadores por supuestas coacciones a otras personas a iniciar o continuar la huelga, deriva de un atestado de la Guardia Civil. 

Los cinco "incidentes" que motivaron la imputación de esos cinco delitos tuvieron lugar durante la huelga general del 29 de marzo en La Roda y Estepa (Sevilla), si bien el letrado considera que "quizá" sólo uno de ellos podría ser considerado presuntamente delictivo. 

A partir de una grabación audiovisual de la Guardia Civil, ha añadido Salazar, el instructor y la Fiscalía entienden que la actitud del parlamentario pudo ser "coactiva" para provocar el cierre de determinados establecimientos y no únicamente informativa como correspondía al miembro de un piquete en una huelga. 

Dado que la defensa del aforado considera que no ha tenido tiempo suficiente para examinar el atestado del instituto armado y el resto de diligencias practicadas, ha visto oportuno que Sánchez Gordillo se acoja a su derecho a no declarar -de momento-, lo que no puede entenderse, ha apostillado, como una obstrucción a la Justicia. 

Salazar ha avanzado además que solicitará la expulsión del procedimiento del vídeo con el que se podría inculpar a su cliente, al tratarse de una copia hecha por la Guardia Civil de una grabación original que pudo ser destruida y que no habría sido entregada a las 24 horas de producirse los hechos a la autoridad judicial como marca la Ley. 

El parlamentario y alcalde ha estado apoyado por más de un centenar de personas, en su mayoría simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que se ha concentrado coincidiendo con la citación judicial a las puertas del TSJA, en plaza Nueva. 

A su llegada a la sede del TSJA, Sánchez Gordillo ha lamentado la "judicialización" de la acción de sindicatos como el SAT, que practica "una no violencia activa", y ha confiado en que la respuesta de la justicia "sea justa". 

En declaraciones a los periodistas, ha incidido en que no se arrepiente de su actuación como piquete durante la huelga general y ha asegurado que su imputación judicial no le "menoscaba el ánimo" para participar en la huelga general del próximo 14 de noviembre. 

En la concentración de los simpatizantes del SAT, algunos de los cuales han llegado en tres autobuses que fueron interceptados por la Policía para ser identificados, ha participado también el portavoz del sindicato, Diego Cañamero, que ha criticado los intentos por "criminalizar su lucha", ha señalado que lo ocurrido se ha "sacado de contexto" y que todos sus piquetes son "pacíficos e informativos". 

La citación judicial de este jueves es independiente de la causa que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ecija, que en su día se inhibió a favor del TSJA en la investigación a Sánchez Gordillo por su posible implicación en el asalto a un supermercado de Mercadona el 7 de agosto.