La Junta entendió ayer como una diferencia de criterio jurídico el duro análisis de la Policía en contra del procedimiento por el que la Administración andaluza ha otorgado las ayudas a las prejubilaciones en la última década. Un informe de la Policía remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en el mercado central de abastos Mercasevilla, consideró que estas ayudas para las prejubilaciones en empresas andaluzas en crisis deberían haber seguido un procedimiento de subvención reglada o excepcional si se reunían los requisitos para ello, pero no como aprobó el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero en los ERE de Mercasevilla en 2003 y 2007.

Diez días más tarde de que se conocieran las divergencias expresadas en el informe policial, la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, mostró ayer por primera vez y de forma rotunda la discrepancia del Gobierno andaluz con las "consideraciones jurídicas" de la Policía a este respecto. También con que el mismo informe considere "nulo de pleno derecho" todos los actos que tramitase Guerrero como responsable de estos fondos y solicitase una revisión de los mismos. Para Moreno, el procedimiento puede ser discutible, pero nunca ilegal.

La consejera salió en respuesta a las críticas que ha recibido el ex consejero de Empleo y actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, porque durante su época se firmó el convenio de colaboración con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que permitió vehicular las ayudas a empresas en crisis a través de esta sociedad instrumental. Viera admitió en una comparecencia el lunes que ese acuerdo permitió acogerse al derecho privado -más laxo que el administrativo- con el fin último de dotar de "agilidad" a la concesión de las ayudas. Si ese convenio contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos, el ex consejero se mostró convencido. Si ese visto bueno está en un informe por escrito o no, la consejera aclaró que, al tratarse de un convenio con un ente instrumental propio de la Junta, no sería necesario, pero dio por sentado que el ex consejero contó con la aprobación de los organismos centrales de la Junta.

Moreno volvió a hacer una enconada defensa de la actuación de la Junta en este caso. Con uno de los juegos de palabras de los que gusta, Moreno subrayó que "estamos dando la cara, no echándole cara a este asunto" y confrontó esta actitud con un PP que, "una vez más, no persigue la verdad, sino que simplemente intenta perseguir a los socialistas". Moreno avanzó que comparecerá en los próximos días para informar si se han detectado nuevas irregularidades en la inspección de Empleo, tras los 37 intrusos desvelados la pasada semana.

Desde Almería, el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, afirmó ayer que lo que se conoce hasta ahora es "la punta del iceberg" sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Arenas criticó además que la Fiscalía Anticorrupción no haya actuado por el momento a pesar de lo que ya ha transcendido.