El PSOE no acepta ni una enmienda del PP al proyecto de ley del sector público

  • El Grupo Popular recrimina a los socialistas que hablen de diálogo en los medios de comunicación y en el Parlamento apliquen la política de "la imposición y el rodillo" · IU coloca 13 de sus 85 propuestas

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"Hablan de diálogo en los medios de comunicación, pero en el Parlamento aplican la política de la imposición y del rodillo". Así se refirió ayer a los socialistas el secretario general del grupo del PP-A en la Cámara autonómica, Jorge Ramos, después de que el PSOE enviara a la papelera todas y cada una de las 42 enmiendas que los populares presentaron al proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz. Por contra, el PSOE sí aceptó en la Comisión de Hacienda y Administración Pública 13 de las 85 enmiendas planteadas por el grupo de IU. Las 32 de los socialistas sí quedaron incorporadas a la ponencia.

El PP e IU tendrán la posibilidad, el próximo martes, de volver a defender las enmiendas que no fueron aceptadas. Posteriormente ya sólo les quedará la oportunidad ante el Pleno del Parlamento, el día 16, en el debate final del texto.

No obstante, Ramos admitió que ni siquiera se ha ofrecido a negociar sobre las enmiendas de cara a estos próximos debates, después de corroborar que, en su opinión, el PSOE desea una Administración lo más lejos posible de los controles exigibles por la ley, con funcionarios de carrera a los que tienen "apartados", y prefiere una Administración "opaca" y que funcione de "forma paralela".

Para Ramos, los socialistas quieren mantener con la futura ley ese modelo de Administración, que en modo alguno va en la línea de ser "más ágil, eficaz y sometida a los controles" necesarios. "Se trata de consolidar una Administración que tape las malas prácticas que durante 30 años ha consumado el PSOE en la comunidad a través de una Administración desmembrada y desorganizada", denunció el parlamentario popular, quien se mostró convencido de que el proyecto de ley sólo persigue "privatizar toda la Administración, de la que una parte son las empresas públicas".

Entre las 42 enmiendas presentadas por el PP destacaban las que argumentaban la derogación de los decretos de reordenación del sector público del 27 de julio y 23 de noviembre del año pasado.

En las filas del PSOE, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, ya arguyó en su día que las enmiendas de su grupo "desmontan las mentiras y la demagogia" que se han vertido sobre el llamado decretazo por los sindicatos y plataformas de empleados públicos que se oponen a la nueva normativa. Jiménez subrayó que las enmiendas socialistas son fruto del diálogo establecido con grupos políticos -a pesar de no haber aceptado ni una del PP y sólo 13 de las 85 de IU-, sindicatos -sólo de UGT y CCOO- y agentes sociales.

En cuanto a las enmiendas de IU que han sido aceptadas, una se refiere a un cambio en el título del proyecto de ley, que se designará simplemente de "reordenación del sector público de Andalucía". Actualmente se denomina proyecto de ley de medidas complementarias del decreto-ley 5/2010 de 27 de julio por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. Las otras doce enmiendas admitidas recogen los planteamientos de UGT y CCOO y coinciden en gran parte con las que ha presentado el grupo socialista en tal sentido. El portavoz adjunto de IU, Pedro Vaquero, señaló a Europa Press que el PSOE "descarta radicalmente" el modelo alternativo sobre agencia única que plantea su formación política.

Mientras, la central UGT anunció ayer una campaña en favor de la reordenación del sector público andaluz, que incluirá una serie de acciones, entre ellas la recogida de firmas entre el personal afectado a favor de esta reordenación o concentraciones provinciales, que tendrán lugar el día 15 de febrero, un día antes del debate en el Pleno del Parlamento.

La iniciativa incluirá una campaña explicativa en medios radiofónicos, la edición de un díptico explicativo sobre las "grandes dudas" dirigido al personal afectado por la reordenación y la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas entre el personal afectado, a favor del proyecto de ley. También convocarán "de forma masiva" asambleas "centro a centro".

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