¿Quién dio el pelotazo en el caso de la venta de la antigua estación de autobuses? O mejor, ¿quién perdió más en este pleito? Recientes testimonios trasladados al titular del Juzgado 4 de Jerez han venido a enmarañar más un asunto que, en apariencia, era clarito, sencillo y diáfano. Hablaremos, pues, no sólo de cuándo y en qué circunstancias la finca pasa a manos privadas, sino también el tremebundo futuro en que acabó todo este rompecabezas, quizás un aspecto menos conocido. Pero, antes de señalar con el dedo, será mejor que dejemos reposar los hechos:

Estamos en 2005. Pilar Sánchez gobierna en coalición con Pedro Pacheco. Pacheco era primer teniente de alcalde, delegado de Urbanismo y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo (Emusujesa). Atribuyen al azar que  la Fiscalía Anticorrupción, en una investigación rutinaria, advirtiera una importante revalorización de la finca en un período de sólo dos años. Fiscalía investiga la venta de la antigua estación y concluye que se hace por un precio no ajustado al de mercado (4,46, según Hacienda) y en perjuicio del interés público, en supuesta connivencia con el empresario ubriqueño José Luis López Fernández y su socio Francisco Chávez López. El inmueble pasó del Ayuntamiento a Emusujesa por un  precio superior a 1,7 millones de euros.

TESTAFERROS

La cantidad es similar a la tasación que Emusujesa hace de la propia finca, cuya titularidad pasa en marzo de 2006 a favor de la firma 'Ingeniería Jiennense' SL, al precio de 2.675.000 euros, y que es revendida siete meses después.

Aquí radica el primer gran error: Junto a 'Ingeniería Jiennense', son dos más las empresas interesadas: 'Híspalis Arrendamiento' y 'Diseño y Construcciones Cervera', a cuyo frente figuraban testaferros puestos por el empresario López Fernández, tal y como concluía Hacienda. Las tres alegan que han tenido conocimiento del interés de Emusujesa, bien por rumores o a través de la prensa, o que les había sido ofrecido por la propia empresa municipal. Más descarado resulta si se considera que las tres ofertas tuvieron entrada en Emusujesa con fecha anterior a que la propia empresa hubiese adquirido el bien el 4 de agosto de 2005.

EL CONVENIO 'FANTASMA'

Aquí entra en escena Alfonso Urbano Roldán, administrador único de las compañías 'Bogaz SL' y 'Yeguada Prado del Rey SL'. Urbano adquiere la finca de titularidad de 'Ingeniería Jiennense' por una cifra superior. Nadie entiende aún cómo, en la aprobación inicial del PGOU de 2009, la mayor parte del suelo dedicado a patio de maniobras aparece como de equipamiento público. 'Bogaz' quiere construir. Cree haber sido engañado. Para ello, en julio de 2008, consigue firmar con Pilar Sánchez un acuerdo de voluntades previo a un convenio urbanístico de la antigua estación. El acuerdo de voluntades queda suscrito por las partes; en el convenio 'fantasma', sin embargo, no aparecen misteriosamente las firmas de los responsables municipales.

No aparecen las firmas, pero el convenio se integra en el plan general. A modo de compensación, Urbano Roldán se comprometía a ceder al Ayuntamiento un local de 450 metros cuadrados en la primera planta del futuro edificio que nunca llegó a ceder.

UNA SITUACIÓN DISTINTA

La petición de Urbano conseguía una mayor edificabilidad en la finca. Y así, la parcela A de la finca, que el PGOU de 1995 la calificaba como edificable y espacio libre público se inscribe como edificable y espacio libre privado, con una edificabilidad añadida de 2.450 metros cuadrados, mientras que la parcela B, antes de equipamiento público -que la ciudad pierde finalmente- se califica en 2009 como de equipamiento privado y espacio libre privado.

Es un cambio de situación muy importante: el cambio del planeamiento conduce a la alteración respecto a la edificabilidad. Así lo ponen de manifiesto en las testificales ante el juez los técnicos de la Gerencia de Urbanismo Benito García Morán, director de Planeamiento de la GMU; Alfonso Fernández Ferreira, director de Gestión Urbanística, y Pilar Lebrón  Valderas, que ocupaba ese cargo en 2005. También coinciden en la idea de que el convenio no fue firmado por el Ayuntamiento ni pasó de ser un borrador.

De aquí procede la equivocación de la valoración de la finca que hace el perito de Hacienda en 2009, cuando la parcela ya se encuentra inscrita tras su revisión. De esta manera, Hacienda basa su decisión, gran error, calculando la tasación que Emusujesa hizo de la finca tal como se encontraba en 2009, y no en 2006, cuando carecía de los permisos de edificabilidad de 2.450 metros cuadrados. Por ello, nunca se habría vendido barato; el problema es que su valor subió gracias a esa recalificación .

En la actualidad, siguen imputados por el juez el ex alcalde Pacheco, el empresario José Luis López y su socio Chávez, el exgerente de Emusujesa y los presuntos testaferros que representaron a las tres compañías. A Urbano le sorprendió el estallido inmobiliario y el banco ejecutó las dos hipotecas que pesaban sobre la finca. La estación  guarda su aspecto más triste y olvidado. Y el Ayuntamiento, sin su compensación. Todo por una simple firma.