La Fiscalía Anticorrupción solicitará contra la exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, una solicitud de tres años de prisión y una multa de nada menos que 8,6 millones de euros por el caso conocido como del 'desvío de fondos del Plan E'.

Los presuntos delitos contemplados en este caso, que fue denunciado ante la Fiscalía por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, son considerados por el Ministerio Público como susceptibles de ser constitutivos de un delito continuado de fraude de subvenciones, delito descrito y castigado en el artículo 308.2 del vigente Código Penal. La gran multa que se solicita contra la exregidora socialista coincide con la cantidad presuntamente desviada.

Para la Fiscalía, "Pilar Sánchez, a sabiendas de su ilegalidad, ordenó numerosas disposiciones de dinero de la cuenta restringida del Ayuntamiento que fue abierta como consecuencia de la subvención concedida por parte del Ministerio de Política Territorial a través de la Dirección General de Cooperación Local que creó" los referidos fondos, "aplicando las referidas disposiciones de dinero a fines distintos para los que se concedieron". Dicho en otras palabras, utilizó el dinero del 'Plan E' para cubrir gastos del día a día municipal, distintos de los que para estos fueron concebidos: incentivar el empleo.

Un hecho especialmente destacable es que en este proceso legal también se presenta también como acusación la Abogacía del Estado, que pide tres años de cárcel y 8,6 millones de multa contra la exalcaldesa socialista de la ciudad.

¿A qué se destinó dicho dinero? Pues según mantiene la Fiscalía se remitió al pago de la paga de los funcionarios y grupos municipales así como a las empresas concesionarias Limasa (limpieza) y Acasa (ayuda a domicilio).

Un hecho especialmente destacable es que dichas disposiciones de dinero se realizaron pese a los informes contrarios tanto de la Intervención como de la Tesorería municipales, "en las que se advertía de su ilegalidad" indicándose en el primer caso que la normativa "obligaba a depositar los fondos en una cuenta restringida de pagos para la finalidad de dichas subvenciones". Se advirtió claramente, sostiene el Ministerio Público, "que la disposición de fondos que se ordenaba con cargo a dichas cuentas suponía un uso distinto al descrito en el punto anterior".

Según el informe de la Intervención y la Tesorería del Ayuntamiento de Jerez "si sumamos el desfase de tesorería de ambas subvenciones del Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (Plan E) y de la Ciudad del Flamenco, a 28 de julio de 2011 (dicho desfase) alcanzaba la cuantía de 8.653.117,03 euros".

Pilar Sánchez, a grandes rasgos, está acusada de sacar dinero de unas cuentas para destinarlos a fines no adecuados. Los fue reponiendo en parte como buenamente pudo en un ejercicio de 'parcheo financiero'. Por ejemplo, durante los ejercicios 2010 y 2011 se realizaron reposiciones por cuantía de 3.315.000 euros.

Según se mantiene desde la acusación pública, los proyectos que se vieron afectados como consecuencia de la disposición ilícita de las subvenciones concedidas fueron los siguientes: 'La ciudad de los niños', la rehabilitación del patio y los Claustros de Santo Domingo, el Centro de Interpretación del Río Guadalete, la mejora del equipamiento eléctrico en la zona norte, la actuación de ahorro energético en la zona de El Almendral, la rehabilitación de la Escuela de Idiomas y su casco bodeguero, la construcción del Centro Polivalente de Nuevas Tecnologías de las Áreas de Seguridad y Movilidad, el Centro Polifuncional Blas Infante y el Museo de Lola Flores.

Algunas de estas obras llegaron a buen fin, otras fueron sacadas adelante por el actual equipo de gobierno y otras siguen durmiendo entre los proyectos que debieron haberse iniciado y, por el contrario, siguen en el limbo.