La alcaldesa, Pilar Sánchez, trató ayer sin éxito de sofocar el incendio declarado en el seno del Consejo Económico y Social (CES) de Jerez, cuyos miembros, por acuerdo de pleno y tras no pocas advertencias previas, han decidido poner sus cargos a disposición de la regidora jerezana e interrumpir la actividad del órgano consultivo.

El presidente del CES, Mariano Ruiz Carretero, hizo entrega ayer a la alcaldesa del acuerdo plenario adoptado en la reunión del pasado 22 de junio y en el que se explican los motivos de la drástica decisión, que básicamente responde a tres motivos: el rumbo que el Ayuntamiento está dando a la creación del órgano que, en virtud de la llamada Ley de Grandes Ciudades, debe sustituir al CES;el desprecio institucional hacia las funciones del órgano consultivo con la interrupción del envío de los asuntos sobre los que el Consejo debe informar;y la falta de recursos para el desempeño de su labor. En una nota informativa, el CES explica que la paralización de la actividad se extenderá “hasta tanto no se modifiquen estas circunstancias”.

En un primer intento de apaciguar los ánimos, la alcaldesa remitió ayer un comunicado en el que además de ensalzar la labor del CES y ratificar a los consejeros en sus cargos, se compromete a reforzar su labor y mantener su vigencia, al tiempo que anuncia la convocatoria de una reunión del órgano consultivo para la próxima semana.

En dicha reunión, la alcaldesa tratará de persuadir al presidente y a los miembros de los distintos grupos que integran el CES –sindicatos, empresarios y expertos– de que efectivamente se va a producir un cambio de actitud y que se van a respetar y facilitar los cometidos del órgano, recogidos en sus estatutos.

Aunque el CES es un órgano no vinculante, el Ayuntamiento tiene obligación de consultarle en cuestiones económicas y sociales de interés general, circunstancia que, según desvela el acuerdo de pleno, se ha incumplido reiteradamente  y se ha agravado en los últimos meses.

A modo de ejemplo, el acuerdo señala que el Ayuntamiento “ha incumplido con su obligación” de remitir para su informe los presupuestos municipales, el plan de viabilidad y otras actuaciones que repercuten en el ámbito socio-económico, entre las que cita el tranvía, las inversiones del Plan E, el Plan Urban y la ampliación del aeropuerto.

El Consejo también enumera sendos casos en los que se le ha hecho caso omiso, en concreto, en las propuestas y aportaciones realizadas tras la aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal, “de cuyo contenido y elaboración, por cierto, no fue informado” el CES y que ni siquiera “fueron contestadas por el Ayuntamiento”;y en el informe de las ordenanzas fiscales para 2010, de cuyas “apreciaciones, sugerencias y cuestiones planteadas no fue aceptada ninguna, ni explicada o refutada por el gobierno municipal”, por lo que el Consejo llega a la conclusión de que, “sencillamente, el informe es como si no existiera”.

El acuerdo de pleno alude igualmente a “la falta de una sede mínimamente digna” para el desempeño de su labor, lo que unido a “la exigua asignación de medios humanos y materiales han convertido su funcionamiento en una profesión de fe” por parte de los consejeros, que han mantenido el órgano con su tiempo y su trabajo pese a tratarse de una labor altruista.

“La situación ha llegado en los últimos meses a extremos insostenibles”, subraya el acuerdo, en el que se hace especial hincapié en la “errónea e inadecuada deriva que, en opinión del Consejo, está tomando por parte del Ayuntamiento la creación del futuro Consejo Social de la Ciudad (...) legítimo heredero del CES” y en torno al que el órgano invita a “realizar una profunda reflexión y un análisis riguroso” en lugar de las actuales “interpretaciones simplistas y populistas” con las que se pretende dar cabida a todo tipo de colectivos sin tener en cuenta la “cualificación y agilidad” que deben primar en el mismo.