El Gobierno no procederá a la anulación de la ponencia de valores catastrales, según ha comunicado al PP en una respuesta escrita fechada el 31 de agosto, al entender que en este caso no concurren los requisitos para que la propia Administración anule actos de naturaleza tributaria como son las ponencias de valores. El Gobierno hace mención a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 14 de abril, que anula el valor catastral asignado a un inmueble de Jerez, tras el recurso presentado por un ciudadano, por falta de motivación en la modificación de dos de los módulos empleados para el cálculo de los valores impugnados, pero recuerda que el TSJA no ha anulado la ponencia. "Reconoce que la impugnación de valores catastrales alegando irregularidades en las ponencias supone que la resolución del recurso sólo tendrá efectos en el sujeto pasivo que lo interpone. Por consiguiente lo que se cuestiona en los pronunciamientos del TSJA no es la ponencia, sino actos concretos de aplicación de la misma", recoge el escrito.

La respuesta del Gobierno viene motivada por la pregunta que el diputado nacional del PP Aurelio Romero hizo en su día, pero supone un jarro de agua fría para la moción que en mayo consensuaron el gobierno local y la oposición con el fin de pedir a la Dirección General del Catastro, de un lado, la extensión de la sentencia del TSJA a todos los contribuyentes y de otro, la revisión de la ponencia de valores de todos los aspectos afectados por el fallo judicial.

El PP, que conocía la respuesta del Gobierno desde hace dos días la dio a conocer ayer, una vez que el gobierno local se adelantase con un acuerdo de junta de gobierno en la que se solicita a la Dirección General del Catastro que inicie en los plazos legales los trabajos necesarios para la elaboración de una nueva ponencia de valores, de carácter general, adecuada a la realidad inmobiliaria y urbanística del municipio. Esta revisión se solicita teniendo en cuenta que el plazo legal de vigencia de la ponencia vigente es de cinco años y la petición tiene por objeto que de forma inmediata se inicien los trabajos técnicos previos con el fin de que la nueva ponencia entre en vigor nada más cumplirse el plazo legal de revisión de la actual.

La alcaldesa Pilar Sánchez argumentó que la situación inmobiliaria de los años 2006 y 2007, previos a la última revisión catastral que entró en vigor el 1 de enero de 2008, nada tiene que ver con la actual donde los precios de venta de los bienes inmuebles han ido bajando y por tanto los valores catastrales no responden a la situación real. Otro de los aspectos en que se basa la solicitud es la sentencia del TSJA anteriormente mencionada que anuló el valor asignado a la finca objeto de recurso.

Para la presidenta del PP y portavoz municipal, María José García-Pelayo, la solicitud es sólo "un intento de salvar la cara, una iniciativa que sacan sobre la marcha, sin contar con la comisión mixta de seguimiento que se creó con todos los partidos políticos para velar por el acuerdo alcanzado en mayo". En su opinión, la propuesta no tiene ningún sentido, desde el momento en que, según dijo, el Catastro no va a comenzar ahora los trabajos técnicos para la revisión cuando la actual ponencia está en vigor hasta 2013. "La valoración catastral está vinculada a los precios de mercado ¿Cómo va a empezar ahora sin saber las condiciones del mercado en ese año?".

Pelayo abundó en que la iniciativa del gobierno local "supone escurrir el bulto ante una decisión dañina del Gobierno de España hacia Jerez" y recordó que "si hoy la ponencia de valores está aprobada por parte del Gobierno de España es porque la alcaldesa de Jerez aceptó la ponencia de valores, aunque el Gobierno le dio la posibilidad de emitir un informe posicionándose". En la misma línea culpó a Sánchez del "atraco a mano armada que va a suponer el IBI en los próximos años para los jerezanos. Lo que pasa es que se han dado cuenta de la metedura de pata, este tema se les ha ido de la mano y ahora quieren rectificar".

De cualquier forma, el diputado Aurelio Romero manifestó que aún está pendiente de debatir en el Congreso la proposición no de Ley que presentaron los populares pidiendo la anulación de la ponencia. "Vamos a ver lo que vota el grupo parlamentario del PSOE en esta ocasión. Allí veremos si el PSOE dice una cosa en Madrid y otra en Jerez".