EL pasado sábado 19 de enero asistí a una Jornada, promovida por la Consejería de Cultura y otras entidades, titulada 'El derecho a la verdad y el acceso a los archivos y los documentos'. Efectivamente, la democracia real debería ser un ejercicio cotidiano de la libertad donde el protagonista sea la ciudadanía, y donde el acceso a la información y a los archivos (aspecto recogido en el artº 105.b de la Constitución y en los artº 31 y 134 del Estatuto de Autonomía de Andalucía) se consagre, definitivamente, como una práctica nuclear en el estado social y de derecho en que vivimos. Un derecho -el de acceso- ya reconocido, por supuesto, en la Ley 30/1992, de procedimiento administrativo, y en otras como la 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

De las nuevas sensibilidades ciudadanas es muy consciente el gobierno de España, que está tramitando un Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el cual dedica todo un capítulo (el III) al derecho de acceso a la información y a los archivos. Esta ley es una de las consecuencias de las recientes movilizaciones ciudadanas -en el contexto de la crisis general- que aún claman, por ejemplo, frente al fenómeno de la corrupción. También nos aguarda para este año, en el ámbito andaluz, una Ley de la Memoria Democrática.

En la primera mesa de la mencionada Jornada, la de los usuarios Eloísa Baena, directora del Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, presentó a la catedrática de Historia Encarnación López, quien habló de: "desde la Transición ya han transcurrido más de 35 años, ¿qué pasa con el acceso a los documentos?"; al historiador Alberto Carrillo, quien se refirió a los "derechos conculcados y libertades censuradas"; al historiador Francisco Moreno, autor de 'La resistencia armada contra Franco', que reflexionó sobre los archivos de la Memoria: "una carrera de obstáculos"; y, finalmente, al prestigioso investigador Francisco Espinosa, que habló en primer lugar de la "selva archivística española".

En off circuló entre los asistentes un documento de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI) donde se explican las severas dificultades de acceso en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Al parecer, en mayo de 2012 el gobierno aprobó, con base en un acuerdo de un Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, extender la consideración de "secreto" y "reservado" a prácticamente la totalidad de las materias relativas a política exterior. En el documento del CEHRI se lee: "prácticamente, menos algunos temas menores como las relaciones culturales y las fiestas nacionales, todo lo demás podía ser calificado de "reservado" o "secreto" sin limitación temporal ni geográfica, es decir, que esta aplicación se extendía desde la edad moderna a la actualidad". Como ejemplo de lo que está vetado en el archivo del MAEC nos encontramos con "informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982; [documentos sobre] las relaciones hispano-alemanas entre 1970 y 1982", etc (véase EP, 03/06/2012).

Otro caso de dificultad al acceso es el conocido de los "los 10.000 documentos secretos desclasificados por la anterior ministra [de Defensa, Carme Chacón], que comprenden entre 1936 y 1968" y que el 29 de mayo pasado el actual ministro de Defensa anunció que cerraba a los investigadores. Entre esos documentos, de los que Carme Chacón ordenó hacer un inventario, se encuentran -según informaba la Cadena Ser en mayo de 2012- "expedientes sobre desertores y desterrados, documentos sobre la actividad de la censura y recoge material relacionado con los antiguos "batallones de trabajo" y campos de concentración". No es descabellado pensar que entre estos documentos pudieran hallarse datos relevantes sobre el campo de trabajos forzados que, desde no hace mucho, sabemos que existió en la finca Garcisobaco de Montes de Propio de Jerez, donde malvivían haciendo caminos y otras obras un total de 637 presos políticos (véase J. García y C. Orellana: Represión franquista y memoria histórica en la provincia de Cádiz, nota 13, pág. 72).

En la segunda mesa, la de los técnicos Ana Melero, jefa del Servicio de Archivos de la Junta de Andalucía, a quien tuve el gusto de saludar, presentó a Amparo Alonso, directora del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, quien habló del "derecho a la información frente a la protección de datos", una difícil ecuación que hay que resolver, así como a Rocío de los Reyes, del Archivo Militar Intermedio de Sevilla, que se refirió a la información contenida en los archivos militares; y al catedrático de Derecho Administrativo Severiano Fernández, de la UCA, que concretó el marco legal del acceso a archivos y documentos.

Y en la tercera mesa, la de los responsables políticos, pudimos oír a David Luque, director general de Industrias Creativas y del Libro, hablar del compromiso de la Junta de Andalucía con los archivos; y al director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, referirse a cuestiones, de inmenso valor social, como "el deber ético y político del estado democrático a informar con veracidad sobre hechos como las desapariciones o sobre el derecho a la verdad que tiene el pueblo respecto al conocimiento de su pasado".

La conclusión general de la Jornada fue que la sociedad democrática que somos tiene, especialmente en relación con nuestra memoria histórica reciente (Guerra Civil, Dictadura y Transición), derecho colectivo a saber la verdad de lo ocurrido. Entonces, la cuestión del acceso no es sólo la del derecho de un investigador a acceder a tal o cual archivo, sino también la del derecho del pueblo a saber la verdad reciente de su identidad como sociedad democrática. Porque no debe ocultarse que aquí la memoria histórica ha querido -durante decenios- sepultarse de diversas maneras; maneras obstruccionistas que en esta Jornada pudieron analizarse. El trato dado al juez Baltasar Garzón por querer arrojar luz sobre lo ocurrido en la Guerra Civil es un hecho ética y políticamente muy alarmante.

La destacada archivera de Málaga Esther Cruces, también asistente a la Jornada que aquí reseñamos, en su artículo 'La destrucción y la ocultación de los símbolos: documentos, archivos y mentalidad colectiva' (p. 148) cita unas palabras importantes en orden a no encasillar los archivos en meros contenedores museísticos de antiguas piezas de valor y más o menos llamativas: "Así pues, los archivos se han asociado tradicionalmente con los conceptos de identidad, patrimonio, memoria y conocimiento, si bien el fortalecimiento de su carácter de depositarios de informaciones auténticas, fiables e íntegras y su utilidad para defender los derechos de los ciudadanos han permitido, en un desarrollo y una actualización de estas especialidades en un nuevo escenario político, cívico y jurídico, encontrarse de manera natural con los ideales de verdad y justicia" (Ramón Alberch: Archivos y derechos humanos. Gijón, 2008 p. 13).

La historia y la historografía, lejos del eruditismo o del anecdotismo al que nos quieren acostumbrar quienes apuestan por una sociedad inconsciente y acrítica, tienen que servir para la vida. Exactamente por esta razón los archivos y los documentos en ellos contenidos son valiosos.

Cristóbal Orellana, Máster en Archivística