EL informe encargado por el Parlamento de Andalucía a sus letrados no deja lugar a dudas: la incomparecencia de la ministra de Trabajo en funciones, la popular Fátima Báñez, en la comisión que investiga el fraude en las ayudas de los cursos de formación no entraña ninguna responsabilidad penal y, por tanto, está fuera de lugar llevar este asunto ante el Tribunal Supremo. En su día, este periódico mostró su opinión de que, aunque nos parecía que Báñez debía atender al requerimiento de la comisión por una mera cuestión de cortesía con el máximo órgano de representación política de Andalucía, lo cierto era que la ministra no tenía ninguna obligación legal de acudir a dicha cita, más conociendo que existía un dictamen del Consejo de Estado, que no olvidemos que es el supremo órgano consultivo del Gobierno de la nación, que así lo afirmaba.

El escrito de los juristas del Parlamento de Andalucía pone fin así a una polémica estéril que ha tenido mucho de oportunismo electoralista -algo nada extraño en esta época- con especial sobreactuación de Podemos y de algún político socialista. La ministra de Trabajo no tiene ninguna competencia en los hechos que investiga dicha comisión y su citación para que explicase a los miembros de ésta cómo solventan otras comunidades autónomas sus ayudas a los cursos de formación era, cuanto menos, un tanto banal y frívola. No hace falta llamar a una ministra de España para explicar una información técnica que puede ser recabada por un grupo de funcionarios. Resulta casi evidente que lo que perseguía esta citación era el titular fácil y superficial de una ministra del PP ante la comisión.

Ya nos hemos preguntado alguna vez si tiene mucho sentido el que, en general, se creen comisiones parlamentarias que indaguen en hechos que también están siendo investigados por la Justicia. Un viejo dicho político reza: "Si quieres que un problema no se resuelva, crea una comisión". Aunque con evidente exageración humorística, este refrán expresa a la perfección lo poco útiles y operativas que suelen ser estas iniciativas parlamentarias. Todo el mundo sabía que no había ninguna razón de peso para requerir la presencia de la ministra Báñez y aun así se hizo. El resultado han sido días de polémica estéril que han consumido las fuerzas que se podrían haber dedicado a la resolución de los muchos y graves problemas que tiene Andalucía.