DESDE hace 20 días veo a quienes fueron compañeros y compañeras de trabajo, empleados del Ayuntamiento, encerrados, no es la primera vez que tienen que hacerlo, en demanda de su justa readmisión. Eran inicialmente 260 las personas despedidas, de éstos, 116 han visto declarados sus despidos como improcedentes. Fue lamentable que la señora Pelayo, teniendo a su disposición un servicio jurídico de máxima solvencia profesional, para conseguir despedir a estas personas contratara a una consultora externa, Deloitte, que embolsándose más de 200.000 euros consiguió que sus trabajos y los espurios motivos del PP fueran tachados como no ajustados a derecho. El despilfarro y la arbitrariedad deberían ser causa de descalificación política definitiva, pero ahí siguen en sus escaños, cargos y concejalías. Quisimos creer la promesa electoral de la candidata Mamen Sánchez comprometiendo al nuevo gobierno con la justa restitución del derecho. Estuvimos de acuerdo con los plenos municipales cuando el 30 de septiembre y el 26 noviembre de 2015 aprobó con el voto de todos los grupos, menos el PP, transaccionar la incorporación de todos los despedidos en ERE afectados por sentencias improcedentes "con la mayor inmediatez posible y siempre antes del 30 de junio de 2016". Como atrapados en un laberinto kafkiano la levantera de agosto nos anuncia que además del conocimiento o informe del TSJA, el Consejo Consultivo, el Ministerio de Administraciones Públicas, la Junta y la Intervención Municipal, ahora, tenemos que volver a recurrir a un gabinete privado, esta vez de Sevilla, para poder aplicar lo comprometido, aprobado, y avalado por los Servicios Jurídicos Municipales. El tiempo se acaba, otro incumplimiento por falta de voluntad es una falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía de Jerez.