Habría que comenzar siendo fieles a la terminología normativa, por lo que lo correcto sería decir: privación del derecho de asistencia.

Querría hacer unas reflexiones en torno a este tema, aunque sería más propio, a mi entender, decir este problema, ya que así es tanto para el profesorado, la familia y finalmente para el alumnado, aunque momentáneamente sea un alivio para muchas y muchos alumnos que se plantean la expulsión "como el remedio más eficaz para salir del embrollo educativo" en el que se encuentran inmersos.

Comenzando por el profesorado, la decisión de la expulsión, ya sea del aula y/o del centro puede ser entendida como el último recurso de carácter disciplinario ante las repetidas conductas contrarias a la convivencia observadas en determinados alumnos y alumnas de su clase, habiendo tenido previamente en cuenta entre otros aspectos su prestigio profesional y por supuesto, el ejemplo perjudicial que supone para el resto de compañeras y compañeros determinados comportamientos inaceptables; es decir, se llega a la imposición de esta medida tras haber agotado todos los medios a su alcance para intentar controlar las conductas disruptivas del alumnado de su grupo-clase.

Continuando con la familia, la comunicación en su domicilio de la medida disciplinaria de la expulsión impuesta a su hija o hijo supone: en algunos casos poner en duda que sea el último "remedio" para corregir la conducta inapropiada de su hija o hijo en el medio educativo; también, plantearse su parte de culpabilidad en la realización de este tipo de actos; otra opción es pensar si esa corrección tendrá efectos positivos en el cumplimiento del objetivo de cambio de actitud esperado; debe pensar así mismo, en organizar la dinámica familiar de forma que garantice la atención en el domicilio de su hija o hijo durante el tiempo de vigencia de la sanción o finalmente, puede suponer para la familia simplemente una comunicación sin trascendencia en el ámbito familiar.

En cuanto al alumnado afectado por la expulsión, puede vivirlo como el logro del objetivo pretendido, como reflexión en torno a su conducta a partir de la sanción o sencillamente recibir la noticia con una indiferencia absoluta ante su proceso de aprendizaje.

A pesar de que las tres perspectivas analizadas son diferentes, posiblemente existe unanimidad en la pregunta: ¿para qué?; aunque en teoría y ese fue el objetivo del legislador, la privación del derecho de asistencia tiene como primera finalidad la corrección y reeducación del alumno o alumna, yo me pregunto ¿en qué porcentaje se consigue este objetivo tan loable?

No conozco estudios recientes en el ámbito nacional en los que se hayan investigado las consecuencias académicas y sobre todo personales de la aplicación de esta medida correctiva, pero desde mi experiencia como trabajadora social en el ámbito educativo, no creo que los resultados, si se realizara la oportuna investigación, fuesen muy positivos o halagüeños para la mayoría del alumnado que se ha visto afectado por varias expulsiones a lo largo de su escolaridad.

¿Les suena la expresión: es un círculo vicioso?, pues creo que cabría aplicarla de forma acertada a este problema: una expulsión supone en una gran mayoría de supuestos la aplicación de otra y de otra más a lo largo de la escolaridad e incluso del mismo curso académico, a pesar de que la finalidad de todas las medidas disciplinarias sea la corrección futura de la conducta inapropiada y por tanto, la resolución de los problemas convivenciales dentro de un centro docente.

Podríamos pensar ahora en las posibles causas que originan la decisión de privar a una alumna o alumno del derecho de asistencia a clase y por ende, a su educación durante un periodo de tiempo. La respuesta posiblemente sería diferente en función de la persona a la que formuláramos la pregunta. Si la plantemos al profesorado (tutor, jefe de estudios y/o director), que propuso y/o tomó la decisión, podría responder que la causa se encuentra bien en el alumno o alumna ( llamadas continuas de atención, desmotivación absoluta por el estudio, molestar a compañeros o profesorado, etc.) o bien en la familia como elemento favorecedor de esas conductas inadmisibles (familia desestructurada, ausencias de pautas educativas correctas, violencia en padre o madre, hermanos mayores con problemas, etc.).

En cambio, si preguntáramos a las familias, podrían responder que uno o varios profesores determinados "han cogido manía o la tienen tomada con su hija o hijo y que por eso, "se lo quieren quitar de en medio" o que algunos compañeros son los autores de esas conductas contrarias a la convivencia y le han echado la culpa a su hija o hijo, ya que sólo una minoría de los padres asumirían como propio el problema y verían acertada la decisión de la expulsión.