Tiene razón el consejero de Empleo en protestar ante la reducción de los fondos para políticas activas de empleo porque la paralización de la actividad de los cursos de formación tiene como causa principal presiones ajenas a la gestión de los mismos. Es verdad que las cosas hay que hacerlas bien, pero cuando un funcionario público ve que cualquier iniciativa o intento de agilizar trámites puede llevar a una investigación, aunque no medie ningún lucro, la actividad administrativa se paraliza. Andalucía es con diferencia la comunidad que más recursos recibe, 358 millones de un total de 1.893 para toda España, pero frente a un incremento medio del 5,1%, se nos ha reducido un 3,1%. Empresarios de la formación, que han realizado cursos adaptándolos imaginativamente a la realidad, y con cierto éxito de inserción laboral, están perplejos por el cariz que han ido tomando las cosas.

Dicho esto, la creación de empleo equivalente a tiempo completo es muy lenta, apenas un 2,7% en 2016 respecto a 2015, y una previsión no partidista de la Comisión Europea (CE) fija ese mismo porcentaje para 2017, y luego en el 2% para 2018 y algo menos en 2019. Si vemos, además, que el 60% del total de empleo se está creando en el comercio y la hostelería, el sector público, y un grupo heterogéneo de autónomos, parece difícil no replantearse la política activa de empleo, que es una política estatal absolutamente necesaria, pero fallida. Desde hace un par de meses funciona en Francia la llamada: "Cuenta personal de actividad", que engloba una cuenta personal de formación, otra de condiciones de trabajo y jubilación, y una tercera de derechos sociales mínimos. La iniciativa aún está muy verde, pero la formación se orienta a las competencias que requieren los trabajos actuales; tiene una visión dinámica que anticipa la movilidad y precariedad que es ya una norma en el trabajo; y da igualdad de oportunidades para tener preparación en el complejo panorama laboral actual. Todo esto es difícil, pero a los gobiernos precisamente se les exige intervenir en las cosas más difíciles de solucionar y sobre las que hay una gran ignorancia.

He visto muchas iniciativas en todo el mundo, pero sigo pensando que la única propuesta sólida es la de Hyman Minsky, que considera al Estado como empleador de última instancia, igual que interviene para garantizar la estabilidad financiera y la liquidez, entre otros temas. Las críticas más importantes a que el Estado proporcione directamente empleo productivo -con el salario mínimo vigente y sin dar muchas opciones a elegir al demandante de empleo- no son por el coste económico, que no tendría que ser mayor que el del desempleo, sino por cómo controlar un sistema descentralizado, en el que participaría la administración regional y municipal, que no haya corrupción ni arbitrariedad, y que se cumplan los principios del programa de empleo. Esta crítica es válida, pero al menos las experiencias vividas en Andalucía nos podrían servir para que la administración pública avanzara en sus sistemas de ejecución y control con procesos a la vez sencillos y eficaces.