El gobierno municipal ha decidido encargar la representación del Ayuntamiento en los numerosos procesos judiciales que tiene abierto a un bufete de abogados. A pesar de contar con un departamento de asesoría jurídica, se aduce que a día de hoy no cuenta con el personal suficiente para atender el volumen de trabajo que recae sobre este departamento por lo que ha decidido recurrir a una firma externa que lleve la defensa, la representación en juicios y el asesoramiento jurídico en materia de recursos humanos. No es la primera vez que el Ayuntamiento contrata a un bufete de abogados para que defienda sus intereses en algún proceso judicial pero, hasta la fecha, lo había hecho para trabajos puntuales. En cambio, ahora el grueso de la defensa de los intereses municipales en los tribunales recaerá sobre la firma que se contrate, aunque la asesoría jurídica mantendrá la labor de coordinación e, incluso, podrá optar por no delegar la defensa en la causa que considere oportuna.

Por el momento no se ha elegido la firma que llevará la defensa jurídica municipal puesto que el proceso de licitación se acaba de iniciar. El concurso público establece que estos trabajos serán encomendados hasta final de año aunque se permite la posibilidad de que, una vez transcurrido este periodo, la empresa elegida pueda seguir trabajando en aquellos expedientes donde se considere conveniente no hacer cambios en la defensa. El coste total estimado de la contratación rondará los 35.000 euros, una cuantía que procede de una partida destinada para procedimientos jurídicos incluida en el presupuesto municipal de este año. La licitación cuenta con dos lotes, aunque ambos pueden recaer sobre la misma empresa. El primero de ellos es para llevar la representación del Ayuntamiento, del personal municipal, del gobierno o de los miembros de la corporación en todos los órdenes judiciales (contencioso, social, penal, civil y mercantil). El segundo es la contratación de la asesoría jurídica en materia de recursos humanos. Además, se le permitirá participar en la defensa municipal de los expedientes sancionadores que abran otras administraciones públicas contra el Ayuntamiento,

Fuentes municipales explicaron ayer que se ha decidido adoptar esta medida ante la "carga de trabajo" que tiene en la actualidad la asesoría jurídica y la "falta de personal" que sufre por "bajas y traslados". El Ayuntamiento cuenta con un servicio de gabinete jurídico con una dirección y cuatro puestos de letrado habilitados (solo están cubiertos dos), además de diversos puestos administrativos, y un servicio de asistencia jurídica con otro letrado, según viene recogido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento. A esto se une que cada delegación cuenta con su propio departamento jurídico aunque la asesoría jurídica general depende directamente de la Alcaldía. Ya en marzo, mediante un contrato menor, se recurrió al bufete sevillano de Martínez Escribano para que reforzara durante unos meses el servicio jurídico por un importe de 18.000 euros.

Según datos del Ayuntamiento, el pasado año tuvo que intervenir en 337 procedimientos judiciales, 17 más de los afrontados en 2015. Casi la mitad de estos casos fue en la vía contencioso-administrativa mientras que asuntos en la jurisdicción social (85) y en la penal (55) le siguieron en número. Finalmente, el Ayuntamiento tuvo que afrontar una veintena de demandas civiles y cuatro procedimientos en los juzgados de lo mercantil.