La banca se afianza como principal acreedor municipal

La banca se consolida año a año como el principal acreedor del Ayuntamiento. A día de hoy, y según el balance de la liquidación del ejercicio 2016, el 77% de la deuda que tiene el Consistorio corresponde a préstamos concedidos, unos 632 millones de euros aproximadamente; cuatro años antes, el porcentaje apenas superaba el 60%.

A principios de mes se dio a conocer que el Ayuntamiento cerró el pasado ejercicio con una deuda de 942,7 millones de euros, unos 65 millones menos que en 2016, aunque en esta magnitud no está incluido el pasivo del grupo de empresas y organismos municipales. La bajada se ha debido fundamentalmente a que se ha logrado sustituir adeudos con proveedores por préstamos con bancos que deberán devolverse en un plazo de 10 años.

No obstante, el pasivo municipal ha sufrido una importante variación en los últimos años fruto de la docena de líneas de crédito habilitadas por el Ministerio de Hacienda a las que, desde 2012, se ha acogido el Consistorio jerezano para tratar de afrontar sus obligaciones. Este conjunto de medidas va destinado a pagar a proveedores, atender sentencias judiciales adversas o simplemente tener liquidez para poder afrontar los gastos diarios, todas ellas con la misma filosofía: cambiar deuda comercial por bancaria. Eso sí, aunque estas ayudas son promovidas y concedidas por el Ministerio, son las entidades bancarias las que acaban aportando el capital por lo que son calificadas como 'deuda viva', aunque su devolución está garantizada por el Estado que, con posterioridad, lo demanda a las administraciones locales con retenciones en las transferencias de los ingresos estatales.

Tanto el anterior gobierno del PP como el actual del PSOE han justificado la necesidad de acogerse a estas medidas para poder reducir los impagos con proveedores, verdaderos perjudicados de los retrasos en los pagos municipales y, de paso, ahorrarse en costes de intereses y de demora ya que el gasto de estos créditos es inferior -en torno al 1% anual-.

Por este motivo, año a año se sigue incrementado la deuda viva y no se prevé que revierta esta tendencia hasta 2020 -para ese año se estima que el adeudo alcance los 686 millones, unos 84 millones más que en la actualidad-. De hecho, el pasado lunes, se aprobó solicitar un préstamo de 26 millones para atender sentencias judiciales desfavorables que conllevaba una modificación de los cálculos contables del plan de ajuste municipal aunque no de las medidas ya adoptadas, que se considera que se están cumpliendo. Pero es más que previsible que el Ayuntamiento, en próximos años, tenga que volver a refinanciar estos préstamos y, por ende, alargar los plazos de amortización de estos créditos. No en vano, para 2022 se calcula que una cuarta parte del presupuesto municipal se destine a pagar cuotas de amortización e intereses, un compromiso prácticamente inausumible para un ayuntamiento como el de Jerez.

Los datos atestiguan que estos planes han podido beneficiar especialmente a los proveedores de las entidades locales. En 2012, el 35% de los débitos municipales era con acreedores privados; cinco años después este porcentaje se ha reducido al 20% (ha pasado de 290 a 190 millones), según se recoge en los balances anuales. Mención especial merece la notable reducción respecto a 2015 donde se contabilizó una deuda con acreedores que rondaba los 348 millones de euros, un débito que se traduce en un incremento de la deuda a largo plazo, que pasó en este periodo de los 481 a los 592 millones.

Ahora bien, en el caso jerezano se da la paradoja de que el Consistorio sigue teniendo un importante problema para afrontar estos pagos al retrasarse más en liquidar estas obligaciones por los problemas de liquidez de la tesorería. El último informe de la federación de autónomos ATA alertaba de que ya tardaba una media de nueve meses en abonar facturas a las empresas contratadas. Además, no se prevé que el panorama mejore a corto plazo pues, teniendo en cuenta las previsiones del plan de ajuste, no se espera cumplir con los plazos legales de pago -fijados en 30 días desde el reconocimiento de la factura- hasta, al menos, 2022.

Mientras tanto, los adeudos con otras administraciones públicas a corto plazo se han mantenido relativamente estables en estos últimos años, situándose en el entorno de los 21 millones de euros.