ALGO más  que el resultado electoral cambió el pasado viernes cuando finalizó el recuento del voto emitido por los españoles registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Se movió un único escaño en la circunscripción de Madrid, el PP sumó uno que se le restaba al PSOE, pero cambiaba algo más importante: el bloque liderado por Alberto Núñez Feijóo quedaba empatado a 171 escaños con el que Pedro Sánchez, a expensas de lo que decidan Junts per Catalunya y Coalición Canaria.

Por más que lo intente la maquinaria propagandística del PSOE, las elecciones del pasado 23 de julio no dejaron  “una mayoría social de progreso”. ¿Desde cuándo el PNV o Junts son partidos progresistas? Tampoco Coalición Canaria, que es la unión de partidos nacionalistas o insularistas del archipiélago de corte centrista o liberal. Lo que dejó el 23-J es una España partida en dos, en la que la parte izquierda hoy por hoy tiene más posibilidades de conformar una mayoría parlamentaria que invista a Sánchez (es más discutible que eso dé la gobernabilidad y cuán inasumible es su precio).

Lo que cambió el escaño madrileño es cómo afronta Sánchez su intento de se reelegido. Su primera intención fue irse de vacaciones y dejar que Núñez Feijóo se diese de bruces con la tozuda realidad: que no puede pactar con nadie más porque Vox es un partido que provoca el rechazo a la mayoría de españoles en general y, en particular, el de otros partidos de centro-derecha: PNV y CC, imprescindibles para sumar mayoría absoluta (176). 

La única opción que tiene con este resultado es que Vox admitiese un papel residual, de apoyo parlamentario sin participar del Gobierno, incluyendo la renuncia expresa a sus infames exigencias que merman derechos individuales. Sólo con un improbable pacto así con Abascal, Feijóo podría intentar que PNV y CC barajasen darle un voto de confianza. El cambio real es que, aunque Junts se abstenga, CC rechace sumarse a la nueva mayoría Frankenstein y también se abstenga (empate) o vote no (el PSOE y sus socios un escaño abajo). No habría reelección.

Sánchez por ello, en su práctica habitual de pervertir las instituciones a su conveniencia, ha virado: su estrategia es ahora que el Rey no arbitre de forma neutral sino que se pliegue a no encargar la investidura al más votado (sucedió siempre, incluso cuando Mariano Rajoy declinó en 2015 fue porque antes se lo propuso Felipe VI). Ésa es la prueba irrefutable de que la “mayoría social de progreso” es una falacia más. El último embuste.