El término “argumentario” era claro para describir el arsenal de argumentos que uno utiliza para explicar la realidad o defender una postura, pero ahora arrasa “relato”. La RAE acudió con presteza a incorporar una tercera acepción de “relato”: “Reconstrucción discursiva de ciertos acontecimientos interpretados en favor de una ideología o de un movimiento político”. Casi todo se ha dicho sobre el proceder de nuestro presidente del Gobierno en su búsqueda nihilista del poder (nihilismo, recordemos: negación de toda creencia o principio). El repertorio de digodiegos de Sánchez desde las últimas elecciones es muy extenso. Mutación argumental vendida como responsables “cambios de opinión”, y hasta proclamados como de pata negra democrática y de altura de miras de gran líder.

El remate funambulista es haberles comprado el relato a los enemigos; no creo quepa duda a estas alturas de que Junts (y ERC) son enemigos acérrimos del Estado español, una España que los somete, afirman. No sólo se pacta con ellos, con un partido semihundido, Junts, que ha hecho el ridículo dentro y fuera de España: también se les compra el relato y se los resucita y blanquea. De paso, se demuestra que en este país no es el criterio propio y ni siquiera la ideología los que mueven a los partidos, sino el gregarismo y el prietas las filas: el PSOE –la S pudiera ser “Sánchez”– ha arrastrado a la contradicción esencial a buena parte de su militancia. Algo asombroso: los nuestros, y punto.

El “relato” mutante de la Moncloa ha sufrido sendos giros copernicanos en dos asuntos esencialmente institucionales, tocantes a fundamentos del Estado democrático. El primero ha sido dejar a jueces y fiscales con el trasero al aire hace no mucho, desde junio hasta aquí, tras haberlos apoyado con firmeza. Una ley de amnistía era “imposible”, “ilegal” e “inmoral”: así lo decían a los cuatro vientos Pedro y su ministro en excedencia de la judicatura, Marlaska. La otra cara de la compra del relato indepe está en curso: desde el golpe a la violeta de 2017, Puigdemont y su equipo han atribuido la reacción del Gobierno contra el delito perpetrado en el Parlament al así llamado lawfare (ataque al rival mediante la manipulación de la justicia y la ley). Ahora, en un volantazo y una bajada de pantalones histórica, no les duelen prendas a nuestros máximos gobernantes al atribuir el conflicto a la “politización” del Poder Judicial. “Teníais razón, Carles, Oriol, tots vosaltres… es que yo estaba poseído por el espíritu de Rajoy. Pero ya vi la luz. Vuestro relato ya también es el mío”. Alehop.