LA denuncia de unos empresarios que se sintieron extorsionados en su relación con la empresa pública Mercasevilla ha acabado sacando a la luz un grave escándalo de corrupción política que afecta a varias provincias andaluzas y que estalla en el momento de mayor debilidad del PSOE al frente de la Junta autonómica. Aunque el alcance de los hechos y su sanción penal corresponde, lógicamente, a los tribunales cuando concluya la instrucción en curso, está demostrado, por informe facilitado a la juez por la propia Junta de Andalucía, que alrededor de cuarenta personas se han beneficiado fraudulentamente de las subvenciones públicas destinadas a financiar diversos expedientes de regulación de empleo. Han percibido sustanciosas cantidades por prejubilarse como falsos integrantes de las plantillas de empresas en las que nunca han trabajado. La estafa ha sido organizada o favorecido a ex cargos públicos socialistas y afiliados al sindicato UGT, que ha reaccionado contundentemente contra los implicados. Aunque el grueso de la financiación aportada por la Administración a los ERE ha ido a su destino natural (los trabajadores afectados por las crisis de sus empresas), a nadie se le escapa la gravedad de unos hechos que han producido el inevitable impacto en una comunidad que padece insoportables niveles de desempleo y en la que muchas familias pasan dificultades para llegar a fin de mes. El episodio adquiere su mayor significado político por el hecho de que no haya sido un incidente aislado, sino que se ha extendido durante varios años y con indicios de responder a una trama organizada dedicada al saqueo del dinero de todos. Esta continuidad no hubiera sido posible sin mediar la decisión de la Consejería de Empleo de eludir los mecanismos administrativos ordinarios en el control de las subvenciones a los expedientes de regulación de empleo y traspasar la gestión de las mismas a otro organismo (el IFA) que, a su vez, facilitaba la intervención de comisionistas y aseguradoras. Todo ello ha supuesto la desactivación de los instrumentos de vigilancia de la Administración Pública y hace inesquivable la responsabilidad política del Gobierno andaluz. Al dictamen judicial sobre los defraudadores debe acompañarle la depuración de las responsabilidades políticas. La estafa sólo ha germinado porque los gobernantes no se han enterado o se han inhibido.