Nada nuevo bajo el sol de una legislatura cada vez más desconcertante y tensa. Carles Puigdemont, el fugado de Waterloo que tiene la sartén por el mango, aprieta las tuercas y Pedro Sánchez cede. La ley de amnistía va a ser exactamente la que quiere el prófugo para su propio beneficio. Por muchas proclamas de constitucionalidad y de respeto a la legislación europea que hagan los voceros del Gobierno los hechos son tozudos: la ley fue echada para atrás por Junts y ahora será aprobada porque se han introducido, en medio del mayor secretismo, los cambios que blindan al ex presidente catalán que en 2017 protagonizó la intentona separatista. Y no hay más, por mucho que se quiera hablar de convivencia y reconciliación. Pero se produce un agravante que no se puede pasar por alto: la situación política española está tan distorsionada que al final la amnistía se presenta como una graciosa concesión de Puigdemont a Sánchez para no reventarle la legislatura. Así será. La aprobación de la ley de amnistía, a la que todavía le queda un largo recorrido judicial en España y en Europa, abre las puertas para que el Gobierno pueda sacar adelante los Presupuestos de 2024 y garantizarse que podrá vivaquear, por lo menos, hasta la mitad del mandato. O hasta que Puigdemont decida darle otra vuelta a la manivela y ponga a Sánchez ante la necesidad de tragarse, por ejemplo, el referéndum que reconozca el derecho a la autodeterminación. Este es el signo del laberinto en el que se ha metido el Gobierno y del que no va a poder salir hasta que los españoles clarifiquen en las urnas el enmarañado juego de mayorías que dejaron las elecciones de 2023. El dirigente separatista tiene en las manos cartas ganadoras y administrará el poder que le dan sus siete escaños todo el tiempo que le sea posible. Y Sánchez sabe que está en una posición tan débil que su única alternativa es ceder y aguantar.