El temporal de viento y oleaje que se registró el pasado fin de semana en el sureste de la Península hizo que varias narcolanchas de las que operan habitualmente en mar abierto para llevar la droga hasta la costa buscaran refugio en zonas abrigadas del litoral de Almería. A plena luz del día y con completa tranquilidad. Este tipo de embarcaciones está prohibido en España y por eso habitualmente sólo se acercan a la orilla en las operaciones de descarga que casi siempre se realizan de madrugada. La Guardia Civil no actuó para incautarse de las embarcaciones ni para detener a sus ocupantes. Según la información facilitada, no pudieron intervenir porque las embarcaciones del Servicio Marítimo se tienen que quedar en tierra cuando las condiciones del mar son malas y tampoco es posible el abordaje desde la costa por las unidades de seguridad ciudadana. El resultado es que los narcotraficantes saben que pueden acercar las lanchas sin riesgos de ser apresados y a la Guardia Civil sólo le queda enviar algún dron para tratar de averiguar la identidad de sus ocupantes. Tras lo ocurrido hace menos de un mes en Barbate, donde dos guardias civiles fueron asesinados arrollados por las narcolanchas que intentaban detener, lo observado durante los últimos días en Almería incide sobre la misma realidad: la falta de medios de las Fuerzas de Seguridad para combatir el cada vez mayor poder de las mafias de la droga que se han instalado en Andalucía y la sensación de seguridad con la que esos grupos de delincuentes actúan. Por los hechos de Barbate y, en general, por la falta de respuesta a un problema que cada vez presenta perfiles más peligrosos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido reprobado por el Congreso y el Senado. Pero no son sólo gestos políticos lo que se necesita. Es urgente un plan de actuaciones enérgicas que concentre recursos humanos y técnicos para abordar la situación. La impunidad del narcotráfico es una realidad que, simplemente, no es admisible.