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OPINIÓN. LA CALLE

Administrador único del agua

Una guerra del agua planea sobre España como una amenaza bíblica en el inicio de esta Legislatura. El detonante ha sido el trasvase de 50 hectómetros cúbicos de agua del delta del Ebro hasta la ciudad de Barcelona. Francisco Camps, el presidente de la Comunidad Valenciana, ha abandonado por un momento su campaña de apoyo a Rajoy en el interior del PP, para plantarle cara al presidente del Gobierno. Ha dicho cosas tremendas. Que no permitirá que se humille a los valencianos y que Zapatero no tiene categoría personal ni política para llevar a cabo esa humillación. La razón de su enfado es que Camps piensa que se hace un trasvase del Ebro camuflado, que se le concede de estranjis a Cataluña, mientras se le niega a otras autonomías.

En este asunto la ministra Elena Espinosa no ha estado fina. Ha dicho categórica que no es un trasvase, que el concepto técnico de esta operación es otro. Bobadas. Dice el diccionario de la Real Academia que trasvasar es pasar líquido de un sitio a otro. En fin, estamos ante un trasvase ineludible, porque es una emergencia para dar de beber a los ciudadanos, se ponga como se ponga el presidente Camps.

En todo caso, se inicia una Legislatura y sería deseable que el PSOE y el PP anoten este asunto entre los grandes temas de Estado en los que se tienen que poner de acuerdo. El Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno Aznar no se consensuó con el PSOE y Zapatero lo suprimió en cuanto llegó al poder. El desencuentro continuó después. El plan posterior de la ministra Narbona, basado en desaladoras, tampoco ha encontrado el apoyo de los populares. Tras cuatro años de sequía hay problemas de abastecimiento a algunas ciudades, mientras ambos partidos discuten sobre galgos y podencos. En Andalucía, el plan puesto en práctica hace tres años en Málaga y la Costa del Sol ha surtido efecto y no hay sensación de penuria. El presidente Chaves en su discurso de investidura ha dicho que en esta Legislatura se dispondrá de 1.000 hectómetros cúbicos más, de los que se beneficiarán todas las provincias andaluzas, y se invertirán más de 2.000 millones para potenciar el abastecimiento de las ciudades.

Personalmente me gusta el organigrama del nuevo Gobierno de la nación con un Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Suena bien lo de armonizar el medio natural con la agricultura y el desarrollo rural. Es una buena idea que sea la misma institución pública la que administre la escasa dotación de agua de que dispone el país antes, durante y después del gran debate nacional que deben entablar todos los partidos y regiones.

La directiva marco del agua en la Unión Europea tiene que estar plenamente en vigor en 2015. Uno de los principios de esta norma comunitaria es recuperar el cauce de los ríos y evitar la excesiva regulación. Otra de las obligaciones exigidas por la directiva es que se cobre el precio real del servicio. En Centroeuropa se pagan 3 y hasta 4 euros por metro cúbico de agua, mientras en España la media para abastecimiento urbano está en un euro, pero hay casos de 0,7 y de 1,5. Las ciudades más caras de Andalucía son Sevilla y Málaga en donde el precio está en 1,2. Lo razonable es que para 2015 haya subido hasta el doble.

El caso de los riegos para la agricultura es distinto. Hay regiones como Andalucía en las que el peso de la agricultura en el consumo de agua es altísimo, supera el 80 por ciento, mientras que en Cataluña está en el 70. La mayor parte de los regadíos andaluces son recientes o han sido modernizados, pero todavía quedan unas 400.000 hectáreas con conducciones antiguas, algunas de hace casi un siglo. Las pérdidas que provocan instalaciones de riego obsoletas pueden situarse entre un tercio y la mitad del agua transportada. El precio es muy bajo para las comunidades de regantes: entre 7 y 10 céntimos de euro el metro cúbico según la zona. Y se paga por un tanto alzado en función de la extensión y el cultivo. Un sistema que castiga a los agricultores más eficientes, que han invertido en modernizar sus sistemas. Los contadores tienen que empezar a funcionar. El temario a discutir sobre el futuro es muy amplio. Los dos grandes partidos tienen la responsabilidad de negociar un plan y evitar una guerra del agua.

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