La jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos, ha imputado a otras cinco personas en la causa al entender que con sus actuaciones podrían haber beneficiado al conseguidor de los ERE y ex sindicalista de UGT Juan Lanzas y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero. Estas nuevas imputaciones se han conocido después de que la juez de Instrucción número 6 de Sevilla haya decidido levantar el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones desde el pasado mes de noviembre y haya dado traslado este lunes a las partes personadas en el procedimiento de 51 tomos con miles de páginas.

Entre la documentación entregada a las partes, destaca un escrito de la Fiscalía Anticorrupción fechado el 8 de abril de 2013 en el que solicitaba la imputación de hasta 18 personas -algunas de ellas detenidas en la operación Heracles- "por su presunta participación en los hechos indiciariamente delictivos" descritos en las diligencias practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y elevadas al Juzgado. 

En el mismo escrito el Ministerio Público solicitó la ampliación de la imputación formulada contra el dueño de Uniter, José González Mata, y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal, cuyas declaraciones en sede judicial están pendientes de practicar desde finales del pasado mes de marzo. En este sentido, la Fiscalía pide que se fije un calendario de declaraciones. La juez Alaya ha dictado un auto, de fecha 14 de mayo, en el que acuerda imputar a cinco de estas 18 personas por los presuntos delitos, "según los casos", de malversación, cohecho, asociación ilícita, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y dos delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento mercantil.

La magistrada imputa a Antonio Diéguez Viera, quien como persona autorizada en la cuenta bancaria de la sociedad Promociones Vinícolas "habría recibido de manera irregular 90.080,97 euros" a través de Estudios Jurídicos Villasís, "quien a su vez los habría recibido de Uniter siguiendo instrucciones" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Según la jueza, dichos fondos procedían de las sobrecomisiones "abonadas por la Junta con ocasión de la tramitación de las pólizas financiadas por esta Administración", a lo que se suma que Guerrero concedió a esta sociedad una ayuda directa de 444.748,96 euros, "cantidad que no consta fuera abonada y que podría estar destinada en parte al director general de Trabajo". 

También imputa a Beatriz Núñez Muñoz, administradora única en las cuentas de la empresa Atrado Mensajería entre 2003 y 2006, cuya imputación "vendría determinada por ser conocedora indiciariamente" de la actividad ilícita desarrollada por quien fuera su pareja e imputado en la causa Eduardo Leal del Real, presunto testaferro de los ERE. La jueza considera que esta imputada "colaboró" con su ex pareja en la ejecución de determinadas acciones ilícitas "de lo que se ha denominado Entramado Atrado mediante la ejecución de acciones tales como ostentaciones de órganos sociales, apertura de cuentas, o imposiciones de dinero en efectivo", todo ello "con el fin de facilitar que Juan Lanzas, cuya identidad permanecería oculta tras la pantalla de dichas sociedades, pudiera percibir sus ilícitas ganancias".

Alaya ha imputado, además, a tres ex directivas de Vitalia. La primera de ellas es María Ascensión de la Cruz Antona, quien "se prestaría a figurar como administradora en Vitalia Vida y a intervenir formalmente en determinados actos y negocios jurídicos con la finalidad de actuar como una pantalla, de forma que quedara oculta la actividad directiva de los auténticos responsables de la empresa". También ha sido imputada María Luisa Rodríguez Márquez, quien, como jefa del departamento de Planes en Barcelona de Vitalia, "participaría en la elaboración de los cálculos actuariales relativos a personas que nunca habían trabajado en las empresas, y cuya ilicitud conocía al ser denominados señores especiales". La última de las imputadas es Gemma Fátima Rodríguez Márquez, administrativa del departamento de Planes que "participaría activamente en la elaboración de los cálculos actuariales relativos a señores especiales, conociendo indiciariamente que los mismos no tenían derecho a suscribir pólizas por no ser trabajadores de las empresas de las que derivaban".

Respecto al resto de personas cuya imputación solicita Anticorrupción, la juez las rechaza pues "de las diligencias policiales no se desprende por ahora la participación criminal de las mismas, sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación y de que se complementen los estudios que viene efectuando la Guardia Civil". Respecto a las declaraciones de Carlos Leal y José González Mata, la magistrada dice que el señalamiento "se efectuará en virtud de la agenda de esta instructora y la multitud de recursos en trámite y que atañen a medidas cautelares relativas a los numerosos imputados".

En el mismo auto, la magistrada resuelve sobre un escrito en el que la Junta solicitaba la incorporación a la pieza declarada secreta de nuevos hechos en relación a la entidad Umax Informática y Consultoría, escrito en el que "viene a denunciar la supuesta concertación de la Dirección General de Trabajo con Umax para crear una plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos". Tras señalar que tales hechos "no guardan relación" con la causa, la jueza indica que aunque la Junta ya denunció los hechos ante la Fiscalía, la presentación del referido escrito "judicializa el caso, pues dicho escrito debe considerarse como denuncia, pues incluso solicita imputaciones y declaraciones", por lo que acuerda que el asunto pase al Juzgado de Guardia para su reparto.