Una nueva pieza de la macrocausa de la formación cuya instrucción finaliza, ocho años después de haberse iniciado la investigación. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha dictado un auto en el que procesa a los ex consejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y Manuel Recio y otras seis personas investigadas en relación con las subvenciones por una cantidad total de 33.309.789,16 euros “arbitrariamente” concedidas al entramado de sociedades del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda -ya fallecido, por lo que por auto de 18 de enero de 2022 se declaró extinguida su responsabilidad penal- para los cursos de formación de los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

Esta causa fue, como otras tantas, iniciada en su día por la juez Mercedes Alaya, quien en un auto dictado en 2014, acusó al Ángel Ojeda de usar "sus influencias en la Junta" para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones "en poco más de año y medio" en relación con la formación de los ex trabajadores de Delphi.

En un auto notificado este miércoles, el magistrado toma esta decisión al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los investigados en esta causa son los ex consejeros de Empleo de la Junta Antonio Fernández y Manuel Recio, un hijo del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por Ángel Ojeda. Asimismo, el instructor dirige el procedimiento, como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo, contra una quincena de entidades.

El magistrado analiza en el auto la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de la compañía Delphi, señalando que ante la situación generada y con el fin de atender la problemática social que se cernía sobre este área geográfica, la Junta, a través de sus responsables políticos, anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados por el cierre de Delphi y conseguir su recolocación en empresas de la Bahía de Cádiz. Así, una vez producido el despido, los afectados por el cierre de la factoría fueron incluidos en el denominado “Dispositivo de tratamiento singular”, en cuyo desarrolla el juez destaca tres etapas.

En este sentido, los hechos investigados en esta causa estarían encuadrados en la segunda etapa, desarrollada desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011 y donde una serie de empresas y entidades impartieron formación a los acogidos a dicho dispositivo, pero en este caso “simulando una contratación laboral”. El coste de la formación y de la contratación (salarios y cotizaciones a la Seguridad Social) “se financió a través de subvenciones directas; excepcionalmente, un número proporcionalmente reducido de ex trabajadores de Delphi sí prestaron servicios laborales efectivos, en concreto los contratados por Gadir Solar y una parte de los incorporados por Alestis Aerospace”.

 “Simulación” de contratos de trabajo

El instructor afirma que los ex consejeros de Empleo investigados “asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad”, para lo cual “habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo”.

Vilaplana asevera que “el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe de las mismas hacia una serie de entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada”, todo ello “sin que los responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas, posibilitando así la aplicación irregular de los fondos”.

En este sentido, subraya que, de lo actuado, “resulta factible deducir que los referidos responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía habrían concedido estas ayudas bajo la apariencia formal de subvenciones “excepcionales” a la contratación, sin observancia y en contradicción con las previsiones que para el otorgamiento de subvenciones o ayudas públicas contemplaba la -entonces vigente- normativa autonómica y estatal”.

El juez precisa que, en fecha no concretada pero en torno a los meses de verano de 2009, previo a que comenzara la segunda fase del dispositivo mencionado, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, habría convocado a una reunión informal a Ángel Ojeda, “quien era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas, habiendo sido consejero de Hacienda de la Junta”, informándole el primero de que los trabajadores de Delphi “iban a cumplir los dos años de paro y que había que dar una salida a los mismos”, al tiempo que “se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa o indirectamente controladas” por el propio Ojeda.

Según agrega, “el entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta a través de las empresas y entidades” de Ángel Ojeda, señalando que “las entidades que ofrecía” el ex consejero de Hacienda, “meros testaferros de su voluntad, contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública”.

Así, “los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores de Delphi para mejorar su empleabilidad, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existieses una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la correspondiente empresa o entidad beneficiaria de la subvención”, de modo que los contratos de trabajo “sólo tenían como objetivo crear una apariencia de -ficticia- relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social como único medio para proporcionar a los ex trabajadores incluidos en el Dispositivo de Tratamiento Singular el periodo de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho”.

La actuación de los dos ex consejeros de Empleo investigados

Finalmente, y según explica el magistrado, se concedieron un total de 15 de subvenciones otorgadas el 10 de agosto de 2009, el 26 de febrero de 2010 y el 3 de diciembre de 2010, a cada una de las cinco asociaciones que habría ofrecido Ángel Ojeda:

1. La Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEAA), que habría percibido la suma de 7.376.573,64 euros.
2. La Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), que habría obtenido 5.268.825,84 euros.
3. La Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), que habría percibido 7.376.573,64 euros.
4. La Asociación para la Calidad Europea (Inteca), que habría obtenido la cantidad de 7.376.573,64 euros.
5. La Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura), con un montante total de 5.911.242,40 euros.

El juez señala que las subvenciones del 10 de agosto de 2009 y 26 de febrero de 2010 habrían sido concedidas, “al margen de los procedimientos y principios legalmente aplicables”, por el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, en su calidad de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras que las subvenciones de 3 de diciembre de 2010 fueron otorgadas por su sucesor en el cargo, Manuel Recio, “sin estudios y análisis previos y sin ni siquiera comprobar la legalidad de las mismas, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo”.

Los ex consejeros debían conocer que las asociaciones "eran ficticias"

 “Los referidos consejeros de Empleo habrían de resultar conocedores de que las cinco asociaciones eran ficticias, y que todas ellas no habrían de ser más que entidades constituidas y dirigidas por Ángel Ojeda –bien por él directamente, bien por personas de su confianza- con el fin de canalizar y obtener las subvenciones descritas”, señala el juez, que subraya que el total de subvenciones “arbitrariamente” concedidas por los titulares de la Consejería de Empleo en favor de este “entramado Ojeda” ascendería a la cantidad de 33.309.789,16 euros.

De su lado, el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda “habría posibilitado el otorgamiento y obtención irregular de estas subvenciones utilizando un amplio entramado de sociedades, asociaciones y fundaciones que aparentaban ser de distinto origen y finalidad”, pone de manifiesto el instructor, que indica que “algunas estaban ya constituidas, si bien no tenían actividad alguna, y otras fueron fundadas con posterioridad, si bien todas ellas formaban parte del denominado Grupo Prescal controlado por Ojeda”.

El magistrado recoge en el auto que estas cinco asociaciones fueron constituidas por tres socios -las entidades mercantiles Educanet, Prevención de Riesgos de Seguridad y Calidad e Inspecciones Técnicas Internacionales-, todas ellas "controladas" por Ángel Ojeda y domiciliadas en su domicilio de Sevilla, si bien "formalmente, en la constitución de las asociaciones se emplearon otras personas de su entorno y confianza para aparentar distinto origen, figurando Ojeda como responsable exclusivamente de la Asociación de Empresa Aeronáuticas (AEAA)".

Los otros investigados son Rosa María Tejero Mateo, que "simulaba ser representante y responsable" de la asociación Humanitas; Adrián José Pascual Hernández, "supuesto representante de Innova"; Javier González de Herrera Carrillo, como "ficticio responsable de Inteca"; y Federico Díaz Barby, "supuesto responsable de Natura".

Y dentro del entramado societario descrito por el juez, estas asociaciones constituían a su vez la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe), que presidió Ángel Ojeda entre 2010 y 2011.