El plan de regularización de regadíos en el entorno de Doñana ha provocado una durísima reacción de la Comisión Europea. La directora general de Medio Ambiente, Florika Fink Hooijer, considera "desconcertante" la puesta en marcha de esta ampliación de la zona regable junto al espacio protegido, por lo que advierte que la Comisión no dudará en volver a acudir al Tribunal de Justicia de la UE "por segunda vez, lo que acarrearía la solicitud de imposición de sanciones pecuniarias".

La advertencia forma parte de una carta enviada este 2 de febrero por Fink Hooijer al responsable de la Representación Permanente de España ante la UE, Marcos Alonso, al que le reclama que traslade su preocupación las autoridades que corresponda. En este caso es el Parlamento andaluz, ya que la proposición de ley, que se debate este miércoles en la Cámara regional, es una iniciativa que parte de los grupos de PP, Ciudadanos y Vox, es decir, los partidos que conforman el Gobierno andaluz y su principal socio durante la mayor parte de la legislatura.

En la misiva, la Comisión da un mes a las autoridades españolas para dar explicaciones por el impulso de la proposición de ley relativa a la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. El texto considera que la iniciativa supone la "práctica regularización" de 1.461 hectáreas, provocando un perjuicio a espacios protegidos que llevan "décadas" sufriendo un "progresivo deterioro", lo que provocó que el 24 de junio de 2021 el TJUE ya condenase a España por su desatención a hábitats protegidos por la legislación europea. 

Bruselas advierte que el plan impulsado por PP, Cs y Vox "podría aumentar los actuales niveles de extracción de agua subterránea" en un acuífero que ya ha sido declarado "sobreexplotado" y es la principal fuente de agua de Doñana. Además, la Comisión considera que la regularización de suelo donde hoy no es posible el regadío puede provocar un "efecto llamada" que genere más presión sobre el entorno. En la carta se advierte, además, que la iniciativa podría provocar el incumplimiento de la Directiva Marco de agua y la Directiva sobre Hábitats.

La Comisión ve "desconcertante" que se amplíen los regadíos

La contundente reacción de la Comisión Europea es consecuencia de la sentencia del pasado año, ya que los servicios de la Dirección General de Medio Ambiente están indagando si las autoridades españoles están tomando medidas para acatarla, es decir, aplicando medidas para conservar de forma efectiva los hábitats del entorno de Doñana. "Es necesario que España aborde las causas del deterioro de los hábitats naturales, es especial de aquellos cuya conservación depende de la disponibilidad de agua subterránea", reza la carta, por lo que considera "desconcertante" que se pongan en marcha medidas que "agravarían la situación" y pondrían en riesgo el cumplimiento de la sentencia de junio de 2021. 

En definitiva, Bruselas advierte que el plan de regularización de regadíos "suscita cuestiones relativas al respeto del Estado de derecho por parte de las autoridades españolas". Fink Hooijer recuerda que la Comisión muestra gran preocupación por los casos en los que "los Estados miembros no hayan acreditado el cumplimiento" de una sentencia del TJUE. "La aplicación correcta y en plazo del Derecho de la UE es esencial para que esta pueda mantener una base sólida", continua la carta, que también hace especial hincapié en la importancia que tiene Doñana. "No sólo desempeña un papel crucial en el ciclo vital de de millones de aves de toda la UE, sino que su excepcional valor trasciende el ámbito europeo", apunta la dirigente comunitaria en su misiva, donde recuerda que Doñana está en la lista de humedales de importancia internacional del Convenio de Ramsar y en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Hace unos días, la Unesco también se pronunció sobre el asunto para advertir de los riesgos de este plan. La organización de la ONU recordó en una carta al embajador, José Manuel Rodríguez Uribes que en una misión desarrollada en 2020 concluyó, de un lado, con el aviso de la "incertidumbre científica sobre los efectos de la dinámica ecohidrológica de Doñana y los potenciales riesgos de las consecuencias del cambio climático sobre el parque" y que recomendó, además, "tomar las medidas necesarias para asegurar la reposición de los mantos freáticos". Aquella misión envió a las autoridades españolas la sugerencia de desarrollar un "plan especial para el manejo de las áreas de riego situadas al norte de la corona forestal de Doñana".

Las críticas a este plan impulsado por PP, Ciudadanos y Vox también han llegado desde el Gobierno central, que consideran inviable la ampliación de la zona regable en el entorno de Doñana, según ha defendido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la misma ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El Gobierno andaluz ha insistido, en respuesta a las críticas, que no se tocará "ni un milímetro" de Doñana. Todavía no se conoce si emitirá el informe que el Ejecutivo andaluz debe emitir de las propuestas legislativas que salen de los grupos parlamentarios, pero el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, dijo el martes en San Telmo que se publicará "en tiempo y forma.