"Miguel no sabe dónde está el cadáver de Marta del Castillo"

La abogada Paloma Pérez Sendino, que defiende al asesino confeso, explicó ayer que después de un año de instrucción judicial se puede concluir que Miguel Carcaño “no sabe dónde está el cadáver de Marta del Castillo”.

La letrada sostiene que el hecho de que no haya sido localizado el cuerpo de la víctima impedirá que se pueda “saber ciertamente con exactitud científica” cómo murió la adolescente. “Tenemos la confesión de mi cliente, pero desde luego no es definitiva porque hay en las actuaciones variadas versiones de esa circunstancia y la prueba definitiva de lo que ocurrió o pudo ocurrir queda fuera de nuestro alcance”, razona la abogada, que añade que si finalmente apareciera el cadáver “podría avalar la tesis de la primera declaración de Miguel en cuanto al modo de suceder los hechos”. En cualquier caso, Paloma Pérez, considera que, “siguiendo el hilo argumental de Miguel ha de concluirse que como él mismo dice no sabe dónde está el cadáver”.

La abogada recuerda que la causa acumula ya más de 20 tomos, entre informes, declaraciones, valoraciones periciales y otros documentos, y lo único que falta es “la pieza principal”: el cuerpo de Marta. Paloma Pérez opina que existe actualmente en la sociedad una “lucha feroz” entre el principio de presunción de inocencia, el “derecho a no confesarse culpable y el derecho a mentir para defenderse y el derecho de las víctimas a ser resarcidos y a que se conozca la verdad de lo que ocurrió en cada caso concreto”. Esta lucha, continúa la defensora, ha traspasado el plano empírico para llegar a la calle.

En este contexto, la letrada defiende su labor profesional en este caso. “Miguel es una persona que se ha autoinculpado de una muerte, todo jurista debe estar preparado y asumir que es parte de su trabajo diario. El abogado debe tratar de que a esta persona el Estado de Derecho lo proteja y lo ampare, aunque nos pese estamos en un Estado de Derecho y nos regimos por unas leyes votadas en el Parlamento”, asevera Paloma Pérez. Por eso, la abogada considera que “no puede despotricarse de que el presunto culpable esconda pruebas o diga, en el ejercicio de su defensa, lo que estime oportuno: hay o debe haber un equilibrio entre ese derecho personal y el deber del Estado, de los agentes de la autoridad, de las Fuerzas de Seguridad, de descubrir la verdad de lo que pasó, con respeto a la ley y bajo los principios de legalidad que inspiran el Estado de Derecho”.

En el asesinato de Marta del Castillo ésa es, a juicio de la abogada defensora del principal imputado, la función que han desempeñado las Fuerzas de Seguridad, poniendo a disposición de la Justicia “a los que piensan o creen” que son responsables de los hechos, pero “la última palabra acerca de la culpabilidad o inocencia de estas personas la tiene la Administración de Justicia en sus diferentes facetas: tribunales profesionales o jurado popular”, sentenció la letrada.

La defensora de Miguel Carcaño ya ha anunciado con anterioridad que solicitará en el juicio que los hechos que se imputan a su cliente se consideren sólo como un delito de homicidio y no como asesinato, lo que implicaría una posible condena de entre diez y quince años frente a los 20 años que podría imponérsele en el segundo caso. Según la abogada, la aparición del cuerpo podría corroborar la primera versión que dio su cliente. La letrada considera asimismo que no hay pruebas para imputarle la violación, ya que de este delito lo único que hay es la confesión de Miguel, quien ya se ha retractado.