La reforma de la financiación autonómica se reactiva hoy después de que Pedro Sánchez, en los primeros compases de su mandato, la desactivara. El Ministerio de Hacienda alberga la primera reunión del grupo de trabajo creado en julio en un Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de buscar una nueva fórmula para repartir los fondos del Estado.

María Jesús Montero, que no asistirá al encuentro, impulsó a su llegada a Madrid una tarea que su jefe de filas descafeinó nada más aterrizar en La Moncloa, aunque después reculó. El Gobierno, pese a su debilidad parlamentaria, se comprometió a avanzar con la reforma del sistema de financiación, pese a que la propia Montero reconoció que no habrá nuevo modelo hasta 2020, como pronto.

El grupo de trabajo que se reúne hoy por primera vez contempla varias novedades. La primera, señalan desde el Ministerio de Hacienda, es que tiene un carácter político, es decir, los representantes de las regiones tienen –o deben tener– potestad para negociar. Los portavoces deben ser capaces de renunciar a sus pretensiones y llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las comunidades del régimen común, es decir, todas menos País Vasco y Navarra.

Cataluña envía a un representante

La segunda novedad está en la nómina de miembros del grupo de trabajo. Por primera vez desde 2016, un representante de Cataluña participará en una de estas reuniones multilaterales después de su renuncia a cualquier vía distinta de la bilateral entre Gobierno y Generalitat. En el departamento que dirige María Jesús Montero se congratulan por el cambio de actitud del Ejecutivo catalán.

El objetivo de esta primera reunión es tomar las negociaciones de financiación donde la dejó el grupo de expertos impulsado en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017. Fuentes del Ministerio de Hacienda reconocen que el Gobierno de Mariano Rajoy no dio el impulso suficiente al trabajo de este grupo de técnicos, con la complicidad de las regiones con un Ejecutivo popular.

Ahora, aseguran, hay voluntad en La Moncloa y también en la totalidad de los territorios, por lo que son optimistas en que las negociaciones puedan avanzar rápidamente.

La reunión de hoy tiene por objetivo prioritario el establecimiento de un calendario de trabajo, pero también se abordarán cuestiones como la reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la posibilidad de impulsar una armonización fiscal entre las regiones y un análisis de la gestión tributaria de cada administración.

Relacionado con esto último, el departamento que dirige María Jesús Montero propondrá a los territorios que se busque un reparto equitativo del esfuerzo fiscal de cada administración y el reparto de ingresos entre los mismos.

Este era uno de los caballos de batalla de la ministra de Hacienda durante su etapa como consejera andaluza del ramo. Entonces criticó duramente que los mayores esfuerzos en control del gasto lo hacían las comunidades, pese a que son las encargadas de la prestación de servicios públicos, como sanidad, educación y dependencia. En la reunión de hoy también se analizarán las competencias de las regiones y, a partir de ahí, una valoración de las necesidades de gasto de cada comunidad.

Andalucía luchará por su 4.000 millones

Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía

Los representantes de las regiones tienen previsto hablar de la insuficiencia financiera de los territorios. La idea es avanzar en una “cuantificación concreta” de esa falta de fondos, algo que Andalucía ya tiene claro gracias al acuerdo parlamentario alcanzado antes del verano. Sólo Ciudadanos rehusó apoyar un documento pactado entre el PSOE, Podemos e IU y que tiene la marca indeleble de María Jesús Montero y su equipo, antes de que dejara paso a Antonio Ramírez de Arellano.

La conclusión fue clara. El sistema, cuya sostenibilidad se analizará hoy en Madrid, necesita 16.000 millones de euros más, 4.000 de ellos con destino Andalucía. La llegada de esa cantidad a la región es lo que defenderá hoy Manuel Álvarez Alegre, director general de Financiación y Tributos de la Consejería de Hacienda y representante andaluz en la reunión.