El abogado que defiende los intereses de Bernardo Montoya –único investigado por el secuestro, el asesinato y la agresión sexual de Laura Luelmo–, Miguel Rivera, va a pedir su inmediata puesta en libertad provisional (a la espera de juicio) después de que la primera comparecencia judicial de su cliente, que se llevó a cabo el 21 de diciembre en la sala de vistas de Valverde del Camino, no se grabara correctamente.

Como avanzó el pasado viernes Huelva Información, un error humano a la hora de conectar el cable del audio al sistema de grabación de la sala (Arconte) impidió que quedara registrado el sonido de la confesión judicial de Bernardo ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino, Elvira Mora. En consecuencia, de aquella declaración no quedan más que las imágenes y el acta de la secretaria judicial, una transcripción que impide la literalidad de lo que allí se dijo y que Rivera considera ahora insuficiente para mantener a su representado entre rejas.

Este diario ya adelantó que la Fiscalía considera suficiente la transcripción como prueba documental que acredita la primera versión judicial de Montoya (en la última se exculpó del asesinato e incriminó a su expareja, Josefa Carmina), pero que el abogado de Bernardo iba a estudiar el asunto a fondo para tratar de sacarlo del módulo de aislamiento del penal Sevilla II.

El letrado basará la petición de libertad en informes del CGPJ y resoluciones del Tribunal Supremo

Rivera indica, al contrario que el Ministerio Público, que desde que existe el soporte informático que permite grabar el audio y la imagen de cualquier testifical, "las transcripciones no son válidas". A su juicio, en este caso "no se han cumplido" todas las garantías judiciales a las que tiene derecho como investigado y, por tanto, procede solicitar su puesta en libertad.

El letrado sevillano hará lo propio al inicio de la semana que viene, momento en que presentará la solicitud de la puesta en libertad provisional del imputado. Fundamentará su petición en distintos informes del Consejo General del Poder Judicial, en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la Constitución, de modo que todo quedará "debidamente justificado", asegura.

Los propios secretarios judiciales de Sevilla, en un conflicto reciente mantenido con la Audiencia Provincial hispalense, manifestaron abiertamente que las transcripciones son válidas, pero que en ningún momento pueden ser consideradas como el acta, como también afirma el Consejo del Poder Judicial. "En aras de avanzar en el uso de los medios tecnológicos, se entiende que la grabación de las declaraciones en fase sumarial protegen, más aún si cabe que las escritas, los derechos fundamentales de los justiciables".

Aquel 21 de diciembre Montoya pidió "perdón a la familia" de Laura ante la juez, como consta en la transcripción. Se mostró arrepentido y se autoproclamó "culpable de la muerte de Laura Luelmo". Reconoció que la abordó en la calle Córdoba, la metió en su casa, la ató y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Luego la trasladó en su coche hasta el paraje de La Mimbrera y abusó de ella. La dejó allí tirada entre las jaras y regresó de madrugada. "Estaba aún viva", afirmó. "Me di cuenta de que estaba sufriendo y cogí una piedra y se la tiré a la cabeza". La autopsia constata que la joven falleció después de que le golpearan la cabeza con un roca.