Algo más de un centenar de personas se han concentrado ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada para exigir medidas que eviten los desahucios, en un acto de protesta que se ha celebrado tras el funeral del hombre que se quitó la vida poco antes de ser desahuciado. Los manifestantes, convocados por el grupo Stop Desahucios, se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno para exigir que se tomen medidas legales que eviten el "drama social" de las cuatro familias que pierden su casa al día en la provincia de Granada. La marcha se ha celebrado tras el funeral de J.M.D.A., de 53 años, que fue encontrado sin vida poco antes de que se ejecutara la orden de desahucio que pesaba sobre su vivienda.

Representantes del Grupo Stop Desahucios, con el permiso y el apoyo de la familia del fallecido, se han reunido con el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez López, para transmitirle sus exigencias y pedir un cambio en la ley hipotecaria que amparen a las personas que se enfrentan a un desahucio. Los concentrados han coreado lemas como "esto es lo que pasa, si nos quitan la casa" o "Con tanta corrupción, los banqueros a prisión" y han reivindicado un trato más humano a las personas que se enfrentan a la pérdida de sus viviendas por no poder afrontar los pagos hipotecarios.

Antes de la concentración, miembros de Stop Desahucios han mostrado su apoyo en el cementerio de Granada a los familiares y amigos del fallecido, y han adelantado nuevas movilizaciones para exigir a jueces, políticos y bancos que alcancen acuerdos que den alternativas a los desahuciados. "Pedimos además la dimisión de la clase política, que tiene las manos manchadas por la muerte de este hombre y exigimos cambios sin esperar a que más gente muera por su derecho a la vivienda", ha recalcado la portavoz de Stop Desahucios en Granada, Ana Guardia.

En 2007, Caja Rural concedió al fallecido un préstamo hipotecario de 240.000 euros sobre una vivienda y el local de su negocio -una papelería-, para liquidar con su familia la herencia de su madre. Pero como el fallecido no hacía frente al pago de las cuotas del préstamo, la Rural inició a principios de 2009 las acciones de reclamación, según un comunicado la entidad financiera, que informa que desde noviembre de ese año es propietaria de la vivienda. Con esta adjudicación, la entidad canceló todas sus deudas hipotecarias, "como si de un acuerdo de dación se tratara".

Durante los últimos tres años este vecino de Granada estuvo utilizando la vivienda y el local sin que la entidad le reclamara pago alguno por ello, según Caja Rural, que asegura que durante ese tiempo trataron de buscar distintas soluciones que el fallecido llegó a aceptar pero que finalmente no se materializaron. El pasado mes de mayo este vecino de Granada aceptó abandonar la vivienda en un plazo de diez días, si bien no fue hasta este jueves, cinco meses después, cuando se decretó la ejecución de la orden de desahucio. La Rural, que dice que "ni su familia más próxima" se esperaba lo ocurrido, recuerda que fue una de las primeras entidades en adherirse al Código de Buenas Prácticas de ejecución hipotecaria y asegura que la "sensibilidad social" es parte de su historia. La entidad lamenta este fallecimiento, por el que los trabajadores de la caja están "profundamente consternados".