El deslinde de Doñana se mantiene según criterios legales, afirma el Gobierno

El Gobierno español ha defendido que los criterios aplicados en la aprobación del deslinde de las marismas de Doñana son exclusivamente "los que establece la legislación de costas", y que la Administración está obligada a implementarlos en todo el territorio nacional. Esta respuesta llega tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 16 de octubre de 2025, de la Orden Ministerial que aprueba el deslinde de un tramo de aproximadamente 118.772 metros en las marismas ubicadas en Hinojos y Almonte y Aznalcázar.

En su contestación a una pregunta formulada por Sumar en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo ha subrayado que este proceso "no implica un cambio respecto a las consideraciones sobre lo que actualmente es la marisma". Asimismo, ha señalado que sería ilegal contemplar excepciones para territorios específicos o interesados concretos, reafirmando así la necesidad de aplicar uniformemente la normativa.

El Gobierno también ha destacado que todos los miembros del Consejo de Participación de Doñana han tenido oportunidad de intervenir en el procedimiento durante los 24 meses que ha durado su tramitación. Sin embargo, aclara que la participación en los procedimientos administrativos no se articula a través de órganos colegiados, sino mediante las personas, entidades o administraciones legitimadas para ello.

La postura del Gobierno contrasta con la creciente oleada de rechazo que ha generado este deslinde entre diversos colectivos e instituciones. El grupo parlamentario Sumar, por ejemplo, ha calificado de "incomprensible" el proyecto, argumentando que contradice lo establecido por la comunidad científica y que "convertiría a Doñana en un enclave mareal y no fluvial", afectando a cerca de dos tercios de la actual marisma pluvio-fluvial.

En su crítica, Sumar ha advertido sobre los "impactos muy negativos sobre los ecosistemas y biodiversidad" que podría ocasionar esta decisión. Esta preocupación es compartida por organizaciones como WWF, que ha presentado un recurso de reposición contra la resolución basado en "abundantes evidencias científicas" que, según afirman, desmontan las conjeturas y datos erróneos utilizados en los estudios que fundamentan la propuesta.

También la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Estación Biológica de Doñana se han manifestado en contra del deslinde, reforzando la posición crítica frente a esta medida gubernamental que podría alterar significativamente la consideración ecológica del parque nacional.

Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la reacción del Consejo de Participación de Doñana, que aprobó en su Pleno Extraordinario del 16 de octubre de 2025 informar desfavorablemente sobre el deslinde. Su presidente, Enrique Mateos, llegó a remitir una queja formal a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, denunciando "la falta de consideración a este órgano de participación" durante el proceso.

En dicha comunicación, Mateos solicitó expresamente que "se revise el procedimiento" considerando "la omisión del trámite de consulta" al órgano, así como el informe negativo emitido por el Consejo. Este documento señalaba que la propuesta no se ajusta a "la realidad ecológica de las marismas de Doñana" y advertía sobre las "potenciales consecuencias negativas" para la gestión y conservación de los valores del Espacio Natural.

A esta oposición se han sumado también los ayuntamientos de Almonte e Hinojos, dos de los municipios directamente afectados por la medida, ampliando así el frente de rechazo institucional al deslinde aprobado.

La Junta de Andalucía no ha quedado al margen de esta controversia y ha manifestado su "posición firme" en contra del procedimiento de deslinde. El gobierno autonómico considera que el proceso "adolece de errores tanto técnicos como jurídicos" y critica que se haya tramitado "sin consenso y sin respeto al informe preceptivo del Consejo de Participación".

En el ámbito parlamentario, el Pleno del Parlamento andaluz aprobó el 19 de octubre de 2025 una proposición no de ley presentada por el PP-A en la que se insta al Gobierno central a derogar el deslinde de las marismas. Esta iniciativa contó con el apoyo de Vox, la abstención del PSOE-A y Por Andalucía, y el rechazo de Adelante Andalucía.

Específicamente, se ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que derogue la orden del 10 de octubre de 2025 que aprobó el deslinde de los 118.772 metros correspondientes a las marismas en los municipios mencionados. El Partido Popular también ha presentado iniciativas similares ante el Congreso de los Diputados y el Senado, incluyendo una proposición no de ley que será debatida próximamente.

Polémico deslinde

El deslinde de dominio público marítimo-terrestre es el procedimiento administrativo que determina los límites exactos entre las zonas de propiedad pública (pertenecientes al Estado) y las de propiedad privada en áreas costeras o influenciadas por mareas. En el caso de Doñana, este procedimiento resulta especialmente controvertido porque implica una consideración técnica sobre la naturaleza de sus marismas.

Según la legislación española de costas, forman parte del dominio público marítimo-terrestre "los terrenos naturalmente inundables, cuya inundación por efecto de las mareas haya sido impedida por medios artificiales". Esta definición es precisamente la que ha utilizado el Gobierno para justificar el deslinde aprobado, mientras que los críticos argumentan que las marismas de Doñana responden principalmente a un sistema pluvio-fluvial y no mareal.

La diferencia entre ambas consideraciones no es meramente técnica, sino que tiene importantes implicaciones para la gestión, conservación yrégimen jurídico aplicable a estos terrenos, lo que explica la intensidad del debate generado.