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Investigación por el Centro de Negocios de Empresa en Madrid

El marido de la ex directora de la Guardia Civil denuncia los "enormes errores" de la UDEF

Juan Carlos Martínez, a la izquierda, en un acto del ministerio de Sanidad con Bernat Soria.

Juan Carlos Martínez, a la izquierda, en un acto del ministerio de Sanidad con Bernat Soria. / D. S.

Juan Carlos Martínez, marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez, ha denunciado los "enormes errores" del atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que han llevado al juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla a imputarlo en la causa en la que se investigan varios delitos relacionados con la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía de la Consejería de Innovación en Madrid.  

En un escrito presentado al juez José Ignacio Vilaplana, la defensa de Juan Carlos Martínez, que ejerce el letrado Manuel Pérez Cuajares -del bufete Constitución 23, Estudio de litigación-, asegura que éste no aparece mencionado ni vinculado en un anterior informe policial en el que se daban cuentas de las presuntas irregularidades en la concesión de préstamos por parte de la agencia Idea a la empresa Santana Motor, que dio lugar a esta investigación sobre el Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid.

En ese escrito, fechado el 2 de marzo, la defensa solicitaba que no se dirigiera el proceso contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil y que no se le tomara declaración como investigado, "al no existir méritos para ello, teniendo en cuenta además el enorme daño que tanto personal como reputacional conllevaría tal medida". Dos semanas después de este escrito, el juez Vilaplana dictó una providencia en la que notificaba la condición de investigado a Juan Carlos Martínez.

La defensa rechazó de plazo todas las presuntas imputaciones, al señalar en primer lugar sobre las ayudas a Santana Motor que Juan Carlos Martínez "no participó en la concesión de ningún préstamo o ayuda a la dicha sociedad mercantil ni tampoco participó de ninguna manera en la gestión de dicho grupo, por mucho que el informe policial se empeñe en insinuarlo, por supuesto sin base alguna, a través de un atestado presidido y caracterizado por la graves inexactitudes que contiene y que deslegitiman al mismo".

La defensa niega también, en contra de lo que sostiene el atestado policial, que Juan Carlos Martínez que haya sido jefe de gabinete del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández, y alega que el marido de la ex directora del instituto armado "nunca ha desempeñado cargos públicos relevantes ni nombramiento de Consejo de Gobierno en la Administración de la Junta", porque el puesto de jefe de gabinete, asevera, "no puede considerarse que sea un cargo público relevante en el sentido que lo pretende el informe, con capacidad de decisión y/o competencia para otorgar subvenciones o toma de decisiones, ya que sus funciones son meramente las de asesorar al respectivo consejero o secretario de Estado".

"Lo anterior adquiere especial relevancia porque precisamente el informe policial pretende establecer una vinculación entre mi mandante y su hermano Bienvenido, y sus relaciones con algunas empresas, en base a su 'supuesta' capacidad de decidir o determinar las subvenciones que recibieran en su día estas empresas por parte de la Administración autonómica. Es más, pretende sostener el atestado policial la supuesta capacidad de decisión de Juan Carlos Martínez, en lo que supone una absoluta elucubración, en el dato de haber trabajado como Secretario de Estado del Ministerio de Política Territorial (error además, ya que fue solo jefe de gabinete) y en tanto que este Ministerio decidía la financiación a las Comunidades Autónomas que a su vez subvencionaban a las empresas", lo que a juicio de la defensa supone un "verdadero salto en el vacío".

De esta forma, la defensa afirma que Juan Carlos Martínez "nunca ha tenido vinculación con la gestión del grupo Santana o similares" y tampoco ha pertenecido a órgano, consejo ni puesto que tuviera que ver con la concesión de subvenciones.

Ademas, prosigue la defensa, en los distintos empleos que ha tenido "no ha coincidido laboralmente con su hermano Bienvenido en ningún puesto de trabajo". El hecho de que en la entidad Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía (Fagia), suscribiera los contratos una misma persona como contratante, que además ostentaba el cargo de Administrador único, "no supone irregularidad alguna antes al contrario, ni por supuesto indica o determina que haya relación entre ellos ni influencia alguna, sin que siquiera hubieran coincidido en el mismo centro de trabajo. Es una afirmación por tanto, absoluta y nuevamente tendenciosa".

El atestado policial recoge que Juan Carlos Martínez, como administrador de la consultora Job Management Liberty, recibió diversos pagos de las empresas Laboratorios Farmaceúticos Rovi SA, Isofotón y Experience Managemet Group -sociedad esta última de su hermano Bienvenido Martínez-, pero la defensa insiste en que "todas las funciones y trabajos que ha desarrollado a través de su consultora Job Management Liberty son absolutamente lícitos, y constituye una vez más una inadmisible conjetura y mera suposición" la indicación del informe policial de que "se plantea que pueda tratarse de algún tipo de retribución por la concesión de dichas ayudas".

La compra de tres pisos entre 2009 y 2012

Sobre la compra que recoge el informe policial de propiedades por más de un millón de euros entre 2009 y 2012, la defensa alega que Juan Carlos Martínez adquirió en esos años tres viviendas por valor de 645.000 euros (y no 1.000.000) y lo hizo con hipotecas por valor de 593.000 euros. "Es decir, más del 90 por ciento del valor de lo comprado está sujeto a un préstamo, lo que si algo demuestra precisamente es que no tenía capacidad económica para adquirirlas, pretendiendo financiar dicha adquisición a lo largo de los años sucesivos y con las rentas que con el alquiler de esas viviendas se pretendía obtener".

La cantidad de 1.000.000 de euros, según la defensa, sólo se ha podido establecer por "haber sumado y atribuido al Sr. Martínez el pleno dominio y valor de dichas propiedades, en lo que constituye un nuevo y craso error del informe policial, cuando es lo cierto que dos de ellas fueron adquiridas (e hipotecadas) con su pareja María Gámez al 50%".

Así, señala que el 3 de marzo de 2009 se adquirió una vivienda en Madrid por 260.000 euros e hipotecada por la misma cuantía, perteneciendo al 100% a Juan Carlos Martínez. Este piso está alquilado y con ello se paga la cuota mensual hipotecaria.

El 29 de octubre de 2010 fue adquirida una vivienda en Málaga por 272.000 euros, al 50% por el matrimonio e hipotecada por valor de 266.000 euros. La vivienda fue "alquilada y vendida al poco tiempo por el matrimonio para adquirir otra mayor al haber tenido un hijo", siendo esta última adquirida por 490.000 euros, al 50% por cada cónyuge y constituyéndose una hipoteca sobre la misma por importe de 400.000 euros.

Errores y meras conjeturas policiales

En definitiva y al margen de los "innumerables errores que el meritado Informe Policial contiene", "nada de lo reflejado en el mismo en lo que a la concreta intervención de Juan Carlos Martínez se refiere, demuestra siquiera indiciariamente su participación en hecho punible alguno, relacionado con lo que constituye el objeto de investigación en la presente causa, que pueda determinar su llamada como investigado a la misma, constituyendo únicamente un compendio de meras conjeturas y sospechas policiales alimentadas por una investigación inquisitiva y meramente prospectiva".

En este sentido, la defensa sostiene que "es fácil constatar que la mera conjetura, pura sospecha basada exclusivamente en que por haber ostentado algún cargo en la administración y ser hermano de un investigado que habría tenido relación con la empresa Santana, ya se ha tenido o podido tener participación en la gestión de sociedades relacionadas con la financiación de Santana y con las actividades supuestamente malversadoras allí investigadas, no puede erigirse ni ser entendida de ningún modo como notitia criminis mínimamente fundamentada, en los términos que la jurisprudencia y la doctrina científica exigen para iniciar una investigación criminal".

El atestado policial, concluye, "no contiene noticias de hechos delictivos atribuibles a mi mandante sino conjeturas o presunciones por medio de las cuales la fuerza actuante -alejándose de sus funciones y prerrogativas- concibe y traslada su propia sospecha a la autoridad judicial, proponiéndole un mandato de investigación para comprobar si se han producido actuaciones delictivas". Lo que efectúa el Atestado policial no es la averiguación de un posible delito del que se ha tenido noticia, sino la "indiscriminada y prospectiva búsqueda de delitos a partir de la pre-concepción de que estos han de existir".

El abogado Manuel Pérez Cuajares considera que las pesquisas relacionadas con Juan Carlos Martínez constituyen una "causa general", puesto que las diligencias "se han iniciado a los solos fines de descubrir posibles delitos que se hubieran cometido y de los que no se tiene razonable conocimiento indiciario previo".

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